El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, una vez más atrae la atención y la condena del mundo. En el mando desde 1994, ha demostrado una durabilidad que lo ubica en las grandes ligas del despotismo, ya casi en la delantera ocupada por Robert Mugabe, de Zimbabue, y seguido de cerca por el venezolano Hugo Chávez , un trío funesto de autócratas nutridos por el estalinismo y ampliamente conocidos por los remedos electorales nada democráticos mediante los que se han perpetuado en el poder. También comparten la brutalidad con que mantienen sojuzgados a sus respectivos pueblos.
Desde luego, el récord mundial pertenece al sátrapa cubano Fidel Castro, ahora redivivo y siempre manejando las tramoyas del poder y de su hermano Raúl, sin molestarse siquiera en invocar a su favor el aval de elecciones amañadas.
Lukashenko sigue los pasos de Mugabe, presidente de Zimbabue, quien ha estado en el poder desde 1987. En las últimas elecciones, en el 2009, Mugabe perdió frente a su contendor Morgan Tsvangiral. Sin embargo, apoyado por el Ejército y bandas de matones, forzó una negociación en la que mediaron figuras regionales, cuyo resultado fue dejarlo en la presidencia y relegar al vencedor a una debilitada posición de Primer Ministro. La fórmula, como era de anticipar, ha sido poco efectiva para frenar los excesos de Mugabe.
Precisamente, esa misma receta parece guiar las actuales negociaciones en Costa de Marfil, donde el mandatario saliente, Laurent Gbagbo, en la presidencia desde el 2002, perdió las recientes elecciones y, apoyado por las fuerzas armadas y miles de mercenarios, pretende quedarse en el poder y ubicar a su victorioso contrincante, Alassane Outtara, en una jefatura de gobierno nominal a lo sumo. Por su parte, Hugo Chávez, en la presidencia desde 1999, teje los preparativos de un megafraude para reclamar el triunfo en los comicios de 2012.
Lukashenko “ganó” su quinta reelección el 19 de diciembre último, con una mayoría apabullante del 80% de los sufragios frente a sus 9 contrincantes.
Tanto el proceso como los resultados fueron denunciados desde temprano por la prensa internacional y centenares de observadores, testigos intachables de los abusos y la violencia desplegada por el régimen en las urnas y en el recuento de los votos.
De acuerdo con diversas encuestas creíbles, Lukashenko no contaba con un apoyo electoral superior al 30%, insuficiente incluso para participar en una segunda ronda. Asimismo, el recuento de los sufragios estuvo en manos de sus incondicionales. Reseñas de prensa describieron cómo, para la noche, cuando los abultados resultados fueron dados a conocer, ya las fuerzas de seguridad y los matones a su servicio habían tomado los sitios de concentración de los opositores.
Los manifestantes, cuyo número se estimó en 20.000, se disponían a realizar marchas de protesta en el centro de Minsk, la capital, frente a la casa de Gobierno. El desalojo se concretó mediante excesos de violencia y el arresto de centenares –si no miles– de manifestantes. Tantos, o más, debieron ser llevados a los hospitales debido a la gravedad de los golpes recibidos. De los nueve candidatos opositores a la presidencia, siete fueron encarcelados y uno de ellos ha desaparecido. Las fuerzas especiales, tristemente conocidas como la KGB, apresaron a periodistas así como a intelectuales y destruyeron oficinas de medios, confiscaron equipos de cómputo y bloquearon los servicios de Internet. En los últimos días, el régimen ha persistido en el acoso de periodistas y observadores e incluso ordenó cerrar oficinas de la misión de la Unión Europea.
Interrogado por algunos corresponsales occidentales, Lukashenko descartó la necesidad de una segunda ronda y afirmó que ya bastaba de “juegos democráticos”. Por su parte, desde Caracas, Hugo Chávez, íntimo amigo y confeso admirador de Lukashenko, declaró a raíz de los cruentos sucesos que ese había sido “un día extraordinario para la democracia”. Para observadores más objetivos, los hechos ocurridos fueron “la más violenta represión de opositores democráticos en Europa desde la imposición de la ley marcial en Polonia, en 1981”.
La realidad es que Lukashenko nunca ha sido amigo de la democracia. Desde el inicio de vida independiente de su país, ligó su destino a Rusia de la que suele recibir petróleo barato para así vender a precios internacionales la producción local. El margen de utilidades del petróleo ruso constituye, aparentemente, un fondo de retiro para el mandatario y algunos de sus colaboradores. Este tipo de mecanismo, con combustibles a precios de subsidio, era el mismo utilizado por la antigua URSS para favorecer a Castro en Cuba. Algo parecido ocurre actualmente con el petróleo venezolano en Nicaragua, donde Daniel Ortega maneja a su antojo los sobreprecios de venta al consumidor, un sistema que genera sumas millonarias de las que el presidente sandinista se niega a rendir cuentas.
En los últimos años, el dictador de Bielorrusia ha coqueteado a ratos con Occidente.
Varias naciones europeas le ofrecieron, hace algunos meses, un generoso programa de colaboración económica y comercial a cambio de elecciones democráticas. Obviamente no le atrajo el trato pues antes de los comicios de diciembre renegoció con Rusia el suministro de petróleo y otras dádivas. El camino a la democracia era obviamente incierto y no le aseguraba seguir gobernando en beneficio propio y de sus amigos.
Esa, ni más ni menos, es la realidad que mantiene en el poder a los dictadores de por aquí y de allá. La pregunta clave es siempre cuánto tiempo más podrán seguir explotando a sus conciudadanos a vista y paciencia de las naciones llamadas a actuar en favor de la libertad, pero titubeantes ante el desafío.