El periódico pesa en las manos. La noticia duele intensamente. Una niña de doce años, recién celebrada la fiesta de la alegría, perdió la vida a causa de una bala perdida en el barrio Limoncito, en puerto Limón. La tragedia enlutó a la familia a pocos días de la Navidad y las festividades de fin de año.
La abuela escuchó los disparos y tuvo un presentimiento. Fue a encontrarla tendida sobre la acera apenas una semana después de haberla acompañado a hacer la primera comunión.
La escolar caminaba rumbo a la casa, con toda la inocencia de su edad. cuando dos pandillas rivales se enfrentaron a balazos, a plena luz del día, en las calles del barrio. Disparaban de un vehículo a otro con armas de alto poder, incluido al menos un rifle de asalto AK-47 y un arma calibre 40.
Hay demasiadas muertes en las calles de Limón, pero cuando se trata de un niño, por completo ajeno a las razones de tanta violencia, es inevitable detenerse más tiempo en la reflexión. No es que las demás muertes importen menos, pero la victimización de los niños es la frontera del salvajismo más abyecto. La niña no fue asesinada a propósito y eso, lejos de ser un consuelo, es más aterrador. Los homicidas querían matarse entre ellos, pero aceptaron la muerte de cualquiera. Es el impulso asesino guiado por el azar.
A nadie causó sorpresa saber, poco después, la pertenencia de los responsables a bandas rivales del narcotráfico. Tampoco sorprendió la juventud de los detenidos, uno de 19 años y otro de 22. Estupor causó la noticia de que el propietario del arma calibre 40 que hirió a la niña en la cabeza tiene permiso de portar armas expedido por el Ministerio de Seguridad Pública (MSP).
Limón ya ha sufrido lo suficiente. La muerte de la pequeña es una radiografía del problema y a partir de ella es fácil reiterar el diagnóstico de sobra conocido. El narcotráfico impulsa la violencia en la provincia del Caribe, donde el Estado costarricense ha sido omiso en cumplir sus obligaciones hasta el punto de ceder soberanía a bandas de delincuentes empeñados en imponer su ley.
Los traficantes reclutan a jóvenes en las zonas marginales y los arman. El mercado ilícito rebosa de armas potentes, que nada envidian a las de la Policía y casi siempre las superan. El control es escaso y, en esta ocasión, revela un imperdonable descuido de los encar-gados de conceder permisos.
El MSP debe redoblar esfuerzos en la zona. Para eso necesita recursos y es hora de otorgárselos. Ojalá lo comprenda el Congreso, en cuyas manos hay proyectos de ley destinados a financiar la seguridad.