Utilizar el nombre de otra persona para crear una página en una red social desde donde se divulguen fotos o videos comprometedores será sancionado con penas de tres a seis años de prisión.
Esa acción delictiva calificada como suplantación de identidad es una de las 17 nuevas normas que podrían ser incorporadas pronto al Código Penal.
Ya el primer paso lo dio la Asamblea Legislativa el pasado 1.° de diciembre al aprobar en primer debate el proyecto que castiga con cárcel los delitos informáticos. Está pendiente el segundo y definitivo debate.
Carlos Chinchilla Sandí, magistrado de la Sala Tercera (que conoce la materia penal), consideró que estas normas vienen a llenar un vacío en la legislación y se convertirán en un instrumento muy útil en la lucha contra el crimen organizado.
No obstante, hay quienes tienen objeciones.
Uno de ellos es el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, quien votó en contra del proyecto ante la preocupación de que se autoriza a intervenir las comunicaciones para investigar cualquier delito informático.
“Eso puede generar excesos y afectar los derechos de los ciudadanos” , expresó el legislador.
Novedoso. Este proyecto, impulsado por el exdiputado libertario Luis Antonio Barrantes, surgió ante la laguna del Código Penal frente a muchas de las acciones delictivas perpetradas mediante Internet.
Érick Lewis, jefe de la Sección de Delitos Informáticos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), y Miguel Navarro, fiscal coordinador de Fraudes, coincidieron en que este tipo de conductas delictivas va en aumento.
Por esa razón, dijeron, la legislación es urgente.
Entre los delitos que crea la iniciativa, está el espionaje electrónico, el cual se castigaría con cárcel de tres a seis años.
Incurrirá en ese delito quien, valiéndose de cualquier manipulación informática, se apodere, modifique, destruya o bloquee información económica de la industria o el comercio.
Una pena de uno a seis años podrían recibir quienes instalen o propaguen programas informáticos maliciosos, llamados malware. Estos son un tipo de software o virus informáticos que tienen como objetivo dañar una computadora.
Asimismo, el plan pretende sancionar con prisión de uno a tres años a quien suplante sitios legítimos de Internet, como, por ejemplo, de un banco o una entidad financiera, para beneficio propio.
De aprobarse el proyecto, se duplicarían las penas cuando los delitos perpetrados por medios electrónicos perjudiquen la lucha contra el narcotráfico o el crimen organizado. Esto va encaminado a eliminar bases de datos o a la alteración de datos.
Igualmente, el plan eleva los castigos por corrupción de menores y extorsión por medio de redes sociales u otros medios informáticos. En el primer caso la pena pasaría de cuatro a 10 años de cárcel y en el segundo, de cinco a 10 años.
La propuesta además autoriza a intervenir comunicaciones para esclarecer delitos informáticos, aunque con la orden de un juez.