El plenario legislativo aprobó ayer una reforma al Código Penal para sancionar con cárcel hasta de diez años a delincuentes informáticos.
El plan contó con el apoyo en primer debate de 32 diputados, y solo lo objetaron los legisladores del Partido Acción Ciudadana (PAC) y de Frente Amplio.
El proyecto sanciona con tres a seis años de cárcel la violación de datos personales guardados en bases informáticas, y se establece también una pena de prisión de cuatro a ocho años a la extorsión realizada por esa misma vía.
Además, contempla el fraude informático como un delito, para el que se aprueban castigos de tres a seis años de cárcel. La pena sube de cinco a diez años si esa conducta es contra sistemas de información públicos, sistemas de información bancaria o entidades financieras, o cuando el responsable es un empleado encargado de administrar o dar soporte al sistema.
En el caso del espionaje, se impone una sanción de cuatro a ocho años de prisión, mientras que, para el sabotaje informático, se establece de tres a seis años, y aumenta de cuatro a ocho años cuando haya peligro colectivo o daño social.
La suplantación de identidad en medios electrónicos también recibiráun castigo de tres a seis años de cárcel, así como la suplantación de páginas electrónicas, cuyos infractores se expondrían a sanciones de uno a tres años de prisión, que subirían de tres a seis años cuando se capture información confidencial de una persona física o jurídica, según se consigna en la reforma.
Para facilitar los procedimientos de investigación, el proyecto autoriza a las autoridades a realizar intervenciones orales, escritas o de otro tipo.
Por su parte, los legisladores del PAC consideran que los castigos que se establecen son desproporcionados y vienen a agravar el problema de hacinamiento en las cárceles del país.
La congresista del PAC, Carmen Muñoz Quesada, dijo que la iniciativa tampoco permite otorgar garantías procesales como la libertad condicional, pues las sanciones son mayores a los tres años.