La presidenta de la República, Laura Chinchilla, ordenó ayer agilizar los trámites necesarios para atender los daños que dejaron las fuertes lluvias de la semana pasada.
Viviendas inundadas, cosechas que se perdieron caminos destruidos, escuelas deterioradas y colapso de tuberías, son parte del recuento de daños que dejó la tormenta tropical Tomas.
Estos estragos afectaron a unas 300.000 personas, ya sea de forma directa o indirecta, explicó la Presidenta este martes tras el Consejo de Gobierno.
Entre ellos, están los habitantes de algunas de las 2.540 casas con afectación o los vecinos de comunidades aisladas debido al cierre de 272 kilómetros de rutas nacionales . También los trabajadores de 278 fincas anegadas y las 20.000 personas sin suministro de agua.
Para atender parte de esas necesidades, el Gobierno dispone en este momento de ¢44.500 millones. No obstante, aún el recuento de daños no está terminado.
Precisamente, por la magnitud del desastre es que la Presidenta exigió celeridad y eficiencia a ministros, presidentes ejecutivos y restantes funcionarios de instituciones responsables de la rehabilitación o reconstrucción.
“(El lunes) me senté con representantes legales de distintas instituciones y me sorprendí enormemente que en algunos de ellos existía bastante ignorancia de los instrumentos que nos provee la ley de emergencias”, dijo Chinchilla.
Por ese desconocimiento, según la Presidenta, es que la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) terminó haciéndose cargo de construir viviendas y reparar caminos destruidos por desastres naturales en el pasado.
“Algunos interpretaban que las normas de la ley de emergencias y las excepciones establecidas en la Ley de contratación administrativa se aplican solo a la proveeduría de la CNE y no a las de otras instituciones”, enfatizó Chinchilla.
Además, advirtió, que no tolerará que las empresas no contratadas para la reconstrucción obstaculicen los trabajos con apelaciones.
De inmediato. Sobre las ayudas, la mandataria pidió girar recursos a los afectados de forma inmediata; es decir, minutos después de verificar la necesidad.
Esa disposición, según dijo, ya se aplica en el cantón de Aserrí.
Entre las instrucciones de la Presidenta, está el levantamiento de un censo único de familias que requieren de vivienda.
Según ella, sabe que en el pasado los damnificados recibían a funcionarios de varias instituciones a los que contestaban las mismas preguntas. Esos cuestionarios, sin embargo, no daban ningún fruto.
Otra de las órdenes giradas ayer en Zapote es que personeros del Ministerio de Economía se trasladen a Parrita y Quepos para verificar denuncias por acaparamiento y especulación.
“Hay informes de que en Parrita guardan agua para venderla más cara. No vamos a permitir que lucren con la necesidad ”, dijo.