El aumento en el empleo que impulsó el sector público durante la crisis no benefició a los trabajadores más afectados y generó un gasto permanente, que ahora es difícil de reducir y el cual amenaza la inversión social futura.
Así lo señala el decimosexto informe Estado de la Nación, publicado el martes.
El documento detalla que el sector público contrató más personas calificadas (con secundaria completa o más), pero la que resultó más afectada por la crisis fue la mano de obra menos calificada y con edades menores a 18 años y superiores a 59.
“Hay que señalar que la activa política de contrataciones laborales que aplicó el Gobierno en el 2009 no se dirigió hacia los grupos vulnerables mencionados, sino que benefició sobre todo a las clases intermedias”, señala el informe.
Según este, entre julio del 2008 y julio del 2009 la Encuesta de Hogares, que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), reportó 29.144 nuevas plazas en el sector público, en contraste con la esfera privada, donde se perdieron 31.345 puestos.
Así, el número total de empleos perdidos fue de 2.201.
No obstante, las actividades más afectadas con la crisis fueron las que en su mayoría son intensivas en la contratación de mano de obra poco calificada, como la construcción y la agricultura.
Por ello, buena parte de los desempleados del 2009 proviene de estos sectores.
“Por el contrario, se observa un aumento significativo del empleo en las clases intermedias, donde se ubican técnicos, jefes de departamento sin bachillerato, empleados de comercio y los funcionarios administrativos y de atención al público del Gobierno”, indica el documento.
Aparte de contratar más, el Gobierno también aumentó el salario real (por encima de la inflación) de los trabajadores del sector público.
Los salarios reales del sector público subieron en más del 10% en el 2009, mientras que en el sector privado el aumento fue del 2%.
Para los investigadores, la expansión del gasto público respondió en buena parte al ciclo político electoral (cuando el gasto sube en los meses previos a las elecciones presidenciales).
Amenaza sobre inversión. Esta situación generó un incremento en el gasto público que ahora es difícil de revertir, dejó un alto déficit fiscal y amenaza la inversión social para los próximos años.
“Por esta vía se podría estar comprometiendo en el futuro la cobertura del programa Avancemos y la del régimen no contributivo de pensiones, en las cuales se dieron importantes progresos en los últimos años y, con ello, se logró mitigar el efecto de la crisis sobre la pobreza”, dice el informe.
Ya en el 2009, agrega, los gastos de capital (como construcción de edificios) registraron una participación menor respecto a años previos y las transferencias sociales se vieron menos beneficiadas respecto al 2008.
Ayer se intentó obtener la opinión de quien fue ministro de Hacienda en ese período, el actual diputado Guillermo Zúñiga, pero no pudo atender las consultas porque estaba en la discusión del presupuesto público.