El Gobierno español fracasó en su intento de convencer a la Unión Europea de abandonar la posición común frente a Cuba. En 1996, por iniciativa de España y su entonces presidente, José María Aznar, los europeos adoptaron la política de condicionar el avance de las relaciones diplomáticas y económicas al respeto de los derechos humanos en la Isla. La modificación de la posición común exige unanimidad y los Gobiernos de Alemania, Francia, República Checa y Polonia, entre otros, no se han dejado convencer por las débiles razones del Gobierno de Madrid.
En junio, un diálogo con la Iglesia Católica, apoyado por España, produjo el inicio de un proceso de liberación de presos políticos en la Isla. El canciller español, Miguel Ángel Moratinos, saludó el avance como el inicio de una nueva era, soslayando la persistente falta de libertades básicas en la isla.
Las gestiones de Moratinos se estrellan contra esa realidad y las malas experiencias habidas en el pasado. Cuba le ha tomado el pelo a Europa en demasiadas ocasiones mediante promesas incumplidas y gestos vacíos, con mínimas consecuencias para el disfrute de los derechos humanos. El recuerdo de las esperanzas traicionadas alimenta el escepticismo de países como Suecia.
El fracaso también obedece a una participación más activa de los nuevos miembros de la Unión Europea. Durante años, la especial relación de España con América Latina, sus lazos históricos, familiares y culturales, la convirtieron en guía de la política exterior regional. Europa hacía cuanto España recomendaba, en particular en lo relacionado con el caso cubano. La ampliación de la Unión a 27 países en el 2004 significó la membrecía de ocho naciones otrora sometidas a los rigores del bloque soviético. Para Polonia y la República Checa, por ejemplo, la experiencia cubana no es del todo ajena. Sufrieron, como Cuba, la falta de libertad y el irrespeto a los derechos humanos. La Alemania reunificada también demuestra hoy su buena memoria.
Karel Schwarzenberg, ministro de Relaciones Exteriores de la República Checa, fue expulsado de Cuba en el 2005 cuando, en su condición de senador, se reunió con grupos disidentes y con las Damas de Blanco, esposas y madres de presos políticos cubanos, quienes hoy piden a Europa mantener la posición común pese a las liberaciones iniciadas en junio. No sorprende, entonces, el papel determinante y activo de la República Checa en contra de la posición asumida por España.
La crisis económica cubana impone al Gobierno de Raúl Castro la necesidad de mejorar las relaciones con Europa en busca de ayuda e inversión. Al mismo tiempo, exige reformas económicas, algunas de ellas dolorosas, como la reducción de las planillas del aparato estatal. Las cifras van y vienen, pero se estima que más de un millón de puestos de trabajo simplemente sobran. El Gobierno, en consecuencia, se siente obligado a experimentar con el trabajo por cuenta propia y otras fórmulas de apertura de la economía.
Europa debe distinguir, como lo hizo con la liberación de los presos, entre las reformas obligadas por las circunstancias, hechas sin propósito de enmendar los problemas de fondo, y el verdadero avance en materia de respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. El Gobierno de Cuba promueve una discusión interna, inevitable, sobre las reformas necesarias para la supervivencia del régimen, pero guarda silencio sobre los cambios indispensables para que el pueblo de Cuba se acerque, aunque sea un poco más, al disfrute de los derechos reconocidos a los europeos.
La jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton, recibió el encargo de evaluar las relaciones con Cuba y proponer la política futura. Entre las posibilidades figura el establecimiento de un acuerdo bilateral.
Es un paso trascendental cuya adopción solo se justificaría en el marco de un sincero compromiso de avance en materia de derechos humanos.