La cocaína decomisada en el cañón del río Torres, desperdigada entre los restos de la aeronave que la transportaba, partió del aeropuerto Tobías Bolaños, habilitado para el servicio internacional, pero desprovisto de la seguridad correspondiente a esa función. Todavía no se sabe el peso definitivo del cargamento. Las autoridades recuperaron 173 kilos en el momento del accidente, pero se cree que el caudal arrastró buena cantidad de paquetes.
Algunas autoridades estiman, de acuerdo con el espacio desocupado en el compartimiento donde viajaba la droga, que el cargamento total superaba los 200 kilos y pudo alcanzar 250. Sean 173 kilos, 200 ó 250, se trata de una operación a gran escala, ejecutada con impunidad y desfachatez desde un aeropuerto internacional costarricense. Bastarían esos detalles para darnos por notificados sobre la gravedad del problema.
La escala de la operación también puede ser adivinada a partir de las inversiones hechas y proyectadas por el grupo de guatemaltecos vinculado con la aeronave. Su intención, dijeron, era establecer un servicio de taxis aéreos. El ingreso a semejante negocio es caro, pero el grupo enfrentó los gastos sin vacilar.
Nadie en el Tobías Bolaños o en el Ministerio de Seguridad Pública está aún en condiciones de informar sobre cómo ingresó la droga en las instalaciones aeroportuarias. Pudo haber sido por tierra o en un avión llegado desde otro aeropuerto, en vuelo local. La Policía explora las dos hipótesis porque las instalaciones son vulnerables por ambas vías. La aeronave pasó la inspección de la Policía de Control de Drogas, que revisó la cabina y el compartimiento de equipaje, pero carece de equipos aptos para detectar un cargamento escondido en las alas. El equipo existe en el Juan Santamaría, pero no en Pavas. La nave obtuvo permiso de despegue y de no ser por la casualidad, habría cruzado sin dificultades el istmo centroamericano.
También son vulnerables nuestras fronteras terrestres, mares y cielos, según lo atestigua la presencia de la droga en Pavas. Se impone preguntar, una vez más, cuánta droga se trafica por Costa Rica. Los decomisos, es bien sabido, son apenas un indicador del total traficado y, desde luego, no son un indicador confiable. En poco más de un año, la buena fortuna impidió el tráfico de unos 600 kilos de droga merced a dos accidentes aéreos: un helicóptero caído el primero de mayo en el cerro de la Muerte y la avioneta accidentada el domingo en el río Torres.
La presidenta Laura Chinchilla no se muestra sorprendida por los sucesos del fin de semana. Es “una evidencia más” del problema del narcotráfico y es inevitable presumir que “no es un caso único”. Tampoco causará sorpresa, entonces, la inclusión del país en la lista estadounidense de naciones atribuladas por el narcotráfico.
No puede haber sorpresa cuando el vicepresidente estadounidense advirtió, durante una breve visita al país, sobre la existencia de informes relacionados con el desplazamiento de los carteles mexicanos a Centroamérica, como consecuencia de la guerra desatada en su contra en su país de origen.
La Presidenta admitió las limitaciones económicas que impiden ejercer control del tráfico aéreo, pero prometió mejoras. El Tobías Bolaños es, con toda certeza, un foco de atención prioritaria, pero la tarea es mucho más extensa y exige un acuerdo nacional cuya fragua parece estar lejana. Para saberlo, basta recordar las reacciones al discurso presidencial del 15 de setiembre pasado.
Chinchilla explicó los peligros y advirtió su temor a que el país emprenda el rumbo de otros en el vecindario. Desde las bancadas de la oposición, se le acusó de exagerar y la discusión resultante fue todo menos serena. Los sucesos del fin de semana se suman a muchos otros para dar la razón a la mandataria.
Costa Rica no es México, pero nada la inocula contra tragedias similares. La realidad pide, a gritos, actuar antes de que sea tarde.