El Estado tendrá que pagar ¢21 millones a 10 colegiales por los daños morales causados al obligarlos a repetir la prueba de bachillerato de Biología, en el 2009.
Así lo establece la sentencia 3644-2010 que el Tribunal Contencioso Administrativo emitió el 28 de setiembre y notificó ayer a las partes involucradas.
Nueve de los estudiantes, de apellidos Bejarano, Morales, Pastora, León, Madrigal, Rojas, Sibaja, González y Hernández recibirán ¢2 millones. El último, de apellido Barquero, será indemnizado con ¢3 millones.
El ministro de Educación, Leonardo Garnier, manifestó anoche que prefiere esperar a la lectura integral del fallo antes de pronunciarse al respecto.
La decisión del Tribunal se fundamentó en que no se pudo demostrar que esos jóvenes incurrieran en el fraude, detectado en esa prueba en algunos centros diurnos de San José.
Lilliana Aguilar, abogada de parte de los colegiales y madre de Bejarano, manifestó ayer que el fallo confirma que el Ministerio de Educación Pública (MEP) violentó principios esenciales como el debido proceso y derecho de defensa.
“Se demostró que el MEP no cumplió con los procedimientos que la ley establece y por eso afectó los derechos de los estudiantes”, enfatizó Aguilar.
Por su parte, la Procuraduría General de la República, que es la representante del Estado, comunicó que apelará la sentencia ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.
Fraude. El MEP ordenó repetir el examen de bachillerato correspondiente a Biología, luego de descubrir que las preguntas circularon al menos un día de la prueba (el 6 de noviembre) en algunos centros diurnos de San José.
En un intento de frenar el nuevo examen, el grupo de demandantes acudió a los tribunales contencioso-administrativos.
A pesar de su gestión, el 23 de noviembre la jueza Marisol Salas determinó que todos los colegiales, sin excepción, debían resolver una nueva prueba.
Así, todos los estudiantes resolvieron el segundo examen el 24 de noviembre.
Diez meses después, el Tribunal les dio la razón.