Un tema de la máxima relevancia apunta el editorial del domingo 19 de septiembre, en este periódico: el reto que tenemos los costarricenses, en particular los políticos en funciones, para atacar los tentáculos, cada vez mayores, del narcotráfico en el país.
Sin embargo, el editorial en mención parte de una premisa equívoca y sesgada para señalar el problema: “Las bancadas de oposición, con el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) a la cabeza, minimizan el problema y tachan a la mandataria de alarmista e incendiaria”.
Bien nos ubica el editorial, al ponernos a la cabeza en esta lucha, siendo que en el PUSC le hemos dado relevancia al tema, no solo en los debates del presente período legislativo, sino a lo largo de las administraciones en las que hemos sido gobierno u oposición.
Exageración. En relación con el discurso presidencial del pasado 15 de setiembre, nos sentimos en el claro deber y derecho de señalar nuestra diferencia de enfoque con la mandataria cuando dice que “...el país está a poco de igualar a México...” (La Nación, 16 de setiembre).
Bien lo apunta el destacado columnista de La Nación Dr. Rodolfo Cerdas el día de hoy: “Este enfoque yerra el diagnóstico, sobredimensiona su naturaleza y alcances para Costa Rica.... Que se necesite mayor presencia y eficacia estatal es una cosa; pero declararse incapaz de lograrlas es gravísimo... Tampoco el país tiende a ser un México semitomado por los narcos (frase hecha, sin sustento), sobre lo cual, dicho sea de paso, se ha exagerado al máximo”.
Los argumentos coincidentes con el Dr. Cerdas, que hemos esbozado en torno al discurso presidencial, no permiten, en circunstancia alguna, que se cuestione nuestra lucha inclaudicable en este tema.
El PUSC ha sido líder en esta lucha y lo seguiremos siendo, claros en que es este un esfuerzo nacional que no puede esperar. En el pasado, cabe señalar –porque, como bien lo decía José Martí, “hacer es el mejor decir”–, fuimos forjadores de lo que hoy tenemos en esta lucha.
Fuimos vehementes miembros, en el período legislativo 86-90, de la comisión investigadora que denunció la penetración de los carteles en instituciones del Estado. En la administración 90-94, se desarrolló y perfeccionó el Centro de la Lucha Antidrogas en Costa Rica (Cicad). Se instaló el Radar en Nandayure, que vino a ayudar en esta lucha, que facilitó el decomiso de droga en nuestros mares en forma eficiente y dotó de información a países amigos.
El patrullaje conjunto se desarrolla en otro Gobierno socialcristiano. Tendencioso resulta tacharnos hoy de “adalides de la protesta contra el patrullaje conjunto”, porque no aceptáramos que se concediera un permiso abierto a barcos de guerra de Estados Unidos, que no forman parte del patrullaje conjunto, siendo que, para conceder ese permiso en las condiciones solicitadas, se afectaban derechos constitucionales y nuestra soberanía.
La deportación a Estados Unidos del narcotraficante Lázaro Abel, o la expulsión de la familia de Pablo Escobar de suelo costarricense, fueron acciones claras y contundentes de la administración 90-94. Señalo lo anterior solo para reafirmar nuestro compromiso permanente en esta lucha.
Hoy, sin embargo, casi veinte años después de las acciones señaladas, se requieren nuevos y diferentes esfuerzos y paradigmas en la materia. Hoy, efectivamente, las condiciones en Centroamérica y México han cambiado, para peor, en esta materia, lo cual nos afecta directamente.
Por ello, para poder ayudar de la mejor manera desde el Parlamento, hemos sido contundentes al exigir el plan estratégico de seguridad, que, cinco meses después de iniciarse este Gobierno, no conoce la Comisión de Narcotráfico y Seguridad Ciudadana.
Por ello, nuestro compromiso absoluto para dotar de recursos los programas de seguridad nacional. Aún no conocemos esos planes y programas. Por ello, nuestro apoyo a los impuestos a las casas de juego, mas no para convertir esta ley en un permiso abierto para poner centros de juego en cualquier esquina del país (porque a alguien se le ocurriera copiar y enviarnos por parte del Ejecutivo una propuesta de ley de Las Vegas).
A la presidenta Chinchilla, todo nuestro apoyo en este tema. Ella bien sabe nuestra disposición de ayudar.
Pero, más que preocuparse, le pedimos ocuparse, sin demora, de este problema que tanto afecta a nuestro pueblo y que tanto compromiso suscitó en la pasada contienda electoral.
Celeridad de acción. El motor de esta lucha es y debe ser el Poder Ejecutivo. La Asamblea Legislativa no es la responsable directa de la materia. Para que desde ella podamos ayudar, se requieren programas claros, presupuestos justificados, leyes no controversiales y sin portillos abiertos que puedan más bien deteriorar nuestra ya afectada sociedad; pero lo más importante es la celeridad de acción.
Se inicia el editorial diciendo: “El país debe seguir con atención el debate en torno al discurso presidencial del 15 de setiembre...”. Yo, con todo el respeto, diría que el país ya está cansado de tantos debates y discursos.
El país espera y exige acciones contundentes, oportunas e inmediatas, en torno a un tema que nos afecta a todos, todos los días.
De nuestra parte, al periódico La Nación, y a los costarricenses en general, los diputados socialcristianos les afirmamos nuestro compromiso de siempre como fieles guardianes y luchadores en esta cruzada a favor de la seguridad, y en contra del narcotráfico, que garanticen el bienestar y la tranquilidad a los hijos de la patria.