El país debe seguir con atención el debate en torno al discurso presidencial del 15 de setiembre. La presidenta Laura Chinchilla escogió la celebración de la Independencia para advertir del reto planteado a las instituciones costarricenses por el narcotráfico y sus abundantes recursos. Las bancadas de oposición, con el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) a la cabeza, minimizan el problema y tachan a la mandataria de alarmista e incendiaria.
Entre esos dos polos gravita una decisión trascendental para el futuro de Costa Rica. O creemos, con la Presidenta, en la necesidad de actuar rápida y eficazmente, o nos damos un tiempo para pensarlo, como sugiere la pausada reacción opositora. Costa Rica no es México, dice la verdad de Perogrullo adoptada por los socialcristianos. Mejor dijeran si no temen que pueda llegar a parecerse o si conocen de algún motivo para descartar definitivamente la posibilidad.
¿Es nuestro aparato policial tan eficaz? ¿Está dotado de medios suficientes para garantizar la derrota del narcotráfico? ¿Existe alguna razón para creer que los carteles no están interesados en el territorio nacional? ¿Son nuestras instituciones incorruptibles y aptas para impedir la penetración del crimen organizado? Ningún costarricense en su sano juicio daría respuestas afirmativas a preguntas tan inquietantes. ¿De dónde, pues, la parsimonia de los diputados? Están jugando a la política con un problema de graves implicaciones para la seguridad nacional y se impone el deber de decirlo sin cortapisas.
La evidencia abunda. Por primera vez, el país aparece en la lista estadounidense de las naciones más afectadas por el narcotráfico. La embajadora Anne Andrew advirtió sobre el uso del territorio nacional como zona de tránsito y base para las estructuras de mando y control.
El PUSC estrena una trasnochada veta de luchas “antiimperialistas” que podrían llevarlo a restar mérito a las declaraciones de la diplomática y a las advertencias del Gobierno que representa. La pose es poco creíble en un partido cuyos antecedentes incluyen una derrota electoral, en 1986, atribuible al deseo de intervenir en los conflictos centroamericanos del lado de los intereses estadounidenses.
En la misma época, los socialcristianos derivaron excelentes dividendos del peligro del narcotráfico. Nadie los acusó de incendiarios y alarmistas cuando participaron, entusiastas, de las comisiones legislativas nombradas para estudiar el problema. ¿Quién no recuerda la alusión a una “autoridad política superior” y las campañas socialcristianas basadas en la necesidad de combatir la penetración del narcotráfico en las más altas esferas del poder?
Hoy, el PUSC es adalid de la protesta contra el patrullaje conjunto y fuente de parsimonia frente a los nuevos desafíos de los carteles internacionales. La bancarrota electoral obliga a explorar canteras insospechadas, pero los socialcristianos no deben olvidar la grave responsabilidad adquirida con el futuro y, en el futuro, el país no debe permitir que la olviden.
Si las advertencias estadounidenses no les merecen crédito, los diputados socialcristianos y de otros partidos opositores podrían fijar la atención en pruebas concretas, al alcance de cualquier costarricense. En los últimos cuatro años, la Policía nacional decomisó 102 toneladas de cocaína. La cantidad es una modesta medida de la droga trasegada por territorio costarricense. Es bien sabido que los decomisos representan apenas una fracción del contrabando total. Por cada kilo decomisado, muchos más llegan a su destino.
El país también es testigo de violentos ajustes de cuentas entre narcotraficantes y de continuos arrestos de delincuentes nacionales y extranjeros. La embajadora estadounidense lo dijo, pero las autoridades nacionales están a mano para confirmarlo: las detenciones de los últimos meses “tienen conexión directa con el Cartel de Sinaloa”, uno de los más desalmados flagelos de México.
Los socialcristianos saben, porque participaron de la investigación, hasta dónde los carteles colombianos penetraron las instituciones nacionales en la década de los ochenta. Recuerdan las denuncias de aquella “autoridad superior” y lo cerca que estuvo la presidencia legislativa de caer en manos cuestionadas. Tampoco habrán olvidado el remezón en el Poder Judicial y las ramificaciones del problema en algunas municipalidades. Hoy, no temen a la vulnerabilidad del país ante los carteles mexicanos, quizá más peligrosos y activos. Costa Rica no es Colombia, pero pudo llegar a parecerse. Y, claro, Costa Rica no es México'
La fracción del Partido Acción Ciudadana, ayuna de imaginación e incapaz de aprovechar su número para constituirse en fuerza opositora, transita la vía de los socialcristianos. Por una parte, ofrece apoyo para las iniciativas en favor de la seguridad ciudadana. Por otra, califica el discurso presidencial de “incendiario” y echa de menos una clara política de seguridad. Exigir soluciones es papel de la oposición y hacen bien los diputados del PAC en señalar omisiones, pero hacerlo no implica la necesidad de minimizar el principal problema de seguridad.
Nada hay de contradictorio en compartir la tesis de la Presidenta, en lugar de desdeñarla como “incendiaria”, para luego expresar insatisfacción con la respuesta gubernamental. Con demasiada frecuencia, la oposición del PAC no está dispuesta a perdonarle al Gobierno ni siquiera sus aciertos y contribuye a la confusión de medios y fines.
Los libertarios, por su parte, fueron más consecuentes con el discurso de siempre. No minimizaron el reto de los carteles, pero repitieron su mantra tradicional: “no más impuestos”, aunque sea a los casinos y una modesta tasa planteada para las personas jurídicas. La mano dura contra el hampa propuesta en la campaña recién pasada quedará en espera de financiamiento. Así muelen los molinos de la política nacional. Los del narcotráfico agitan sus aspas con mucha mayor rapidez y decisión.