La semana antepasada, la Contraloría General de la República presentó al Ministerio de Seguridad los resultados de un estudio iniciado hace ocho meses para determinar la calidad de los procesos de reclutamiento de policías. La conclusión asombra: la cartera no sabe cuántos oficiales necesita ni tampoco las características idóneas del personal por contratar.
En el Ministerio nadie objeta el diagnóstico. “Tienen razón en todas las deficiencias señaladas. La verdad es que somos conscientes de que en materia de selección de policías hay un completo desorden”, dijo la viceministra Flora Calvo.
En ausencia de los estudios y perfiles echados de menos por la Contraloría, la planificación estratégica, táctica y operativa es imposible, sin contar los riesgos propios de manejar un área tan sensible con recursos humanos inadecuados.
El hallazgo conduce a preguntar qué hacían las autoridades del Ministerio mientras ideaban y exhibían avisos alusivos a “una nueva generación de policías”. El público los miraba esperanzado, pensando en una Fuerza Pública mejor formada para afrontar su cometido, pero una omisión tan básica como la detectada por la Contraloría hace mucho por explicar la distancia entre el lema y la realidad. Explica, también, las deficiencias puntualizadas por el ministro José María Tijerino a pocos días de estrenar el cargo. La disciplina es una aspiración demasiado alta para oficiales reclutados a ojo de buen cubero.
El Ministerio de Seguridad demuestra, en su desempeño, importantes limitaciones. Nada hay de nuevo en afirmarlo, porque están a la vista de la ciudadanía. Por eso merece apoyo la actitud pausada de las nuevas autoridades, empeñadas en planificar una estrategia de amplios alcances ante el problema de la seguridad ciudadana. La tentación, frente a necesidades apremiantes, es exigir respuestas inmediatas, con riesgo de precipitación y recursos cosméticos, diseñados para tranquilizar las exigencias del público, más que para resolver el problema.
El nuevo Gobierno promete seriedad y coherencia. Pidió un plazo de tres meses para presentar sus planes. El plazo venció, pero ese no es motivo para perder la paciencia. Las deficiencias, como la demostrada por la Contraloría, son tan elementales que la prisa debe quedar relegada en aras de hallar soluciones con mayor permanencia. Hace mucho el Ministerio debió contar con una política adecuada de reclutamiento, diseñada para sobrevivir de una administración a otra, apenas con los ajustes impuestos por la cambiante realidad. Hace mucho debió conocer, con precisión técnica, los recursos necesarios para desarrollar los programas de seguridad ciudadana.
Si esos elementos no existen, se impone construir a partir de lo más básico, y en ese marco son indispensables el estudio y la planificación. El objetivo debe ser el diseño de una política de Estado, no de la transitoria administración. Solo así se podrá garantizar la continuidad de los programas y algún grado de certeza sobre la solidez de los procesos administrativos.
El tema tiene muchas aristas y lograr planteamientos duraderos exige tiempo, pero las nuevas autoridades no pueden desentenderse de la necesidad de conservar la buena voluntad de la ciudadanía. Para hacerlo, deben informar con franqueza, como lo han venido haciendo, sobre las dificultades existentes. Deben, también, difundir los avances del diseño prometido. El país está en espera y, como en las estaciones de trenes, la paciencia se alimenta de alguna certidumbre sobre el futuro. Es mejor saber que el tren está retrasado quince minutos que permanecer en la ignorancia tras diez minutos de demora.