Las discusiones sobre la responsabilidad de la crisis fiscal actual o sobre el monto de la herencia recibida de manos del Gobierno anterior ya han arrojado suficientes elementos de juicio para forjarse una opinión objetiva. No han de servir, por ello, de pretexto para justificar o encubrir errores, por acción o por omisión, del actual Gobierno, máxime cuando algunos nombramientos abren diversas interrogantes.
Diversos desafíos nacionales hacen antesala y su solución debe acometerse con propiedad, aunque otros poderes del Estado estén perdiendo el rumbo. Estas decisiones, en campos trascendentales, que han desconcertado a buena parte del país, tampoco han de servir de excusa y menos de desaliento. Cada poder del Estado debe dar cuenta cabal de sus cometidos. Uno de estos, por cierto, de la mayor importancia, es la crisis fiscal que, al parecer, poco ha importado a algunas instituciones, a juzgar por las contrataciones realizadas y los gastos que han asumido, las cuales, en última instancia, recaerán sobre las espaldas de los consumidores o de los contribuyentes.
Estas reflexiones sobre la crisis fiscal encuentran asidero en un campo pagado de la Asociación de Productores e Importadores de Bebidas con Contenido Alcohólico de Costa Rica, en el que denuncian la magnitud del contrabando en cuanto a estas empresas se refiere. Destacamos su legítimo interés en relacionar el tema de una posible reforma fiscal no solo con la generación de nuevos impuestos, sino con la recaudación efectiva de los impuestos ya existentes. Esta ha sido una cuestión recurrente a las puertas de los anuncios de proyectos fiscales que, en lo tocante al contrabando, no se ha adoptado con seriedad. Esta asociación hace hincapié en sus productos, mas su crítica se debe extender a muchos más. Es un mal nacional.
La evasión que esta asociación denuncia en cuanto a los licores asciende a “decenas de miles de millones de colones, “con esquemas de operación bastante simples y evidentes que en su momento han sido denunciados por los medios de comunicación”. Este tipo de contrabando, que extiende sus redes, como expresamos, a muchos otros productos del mercado, no es un secreto a voces. Es una realidad palmaria, que data de varias décadas, al compás de sistemas de acción y de expertos en la materia, como la cosa más natural del mundo. Ahí están, como testimonios fehacientes, el estado desastroso de nuestras aduanas fronterizas, aliciente permanente, que no ha preocupado a ningún Gobierno; el retorno a las querellas portuarias, las denuncias sobre el funcionamiento del puerto libre de Golfito y, hecho sin parangón, el ingreso comprobado, en fecha reciente, de 7.000 furgones en un año que, luego, desaparecieron del territorio nacional sin dejar rastro'
A estas desventuras ha de agregarse ahora la prohibición de los retenes en las carreteras, de parte de la Sala Constitucional, uno de los escasos mecanismos de control del contrabando, de la droga y de la inseguridad ciudadana. Les queda ahora la vía más expedita aún a quienes actúan al margen de la ley. Estos percances y obstáculos no han de ser, sin embargo, motivo de desánimo. Por el contrario, aunque diversos factores se conjuguen para obstruir el Estado de derecho y favorecer a sus adversarios, el combate del contrabando abre un abanico de posibilidades para que el Gobierno arranque uno de los tumores más sensibles en la economía del país y en la evasión de los impuestos. El país necesita señales claras y un vigoroso liderazgo.