La Sala Constitucional declaró el acceso a Internet como un derecho fundamental de los ciudadanos.
Asimismo, ese Tribunal impuso al Estado la obligación de promover y garantizar, en forma universal (para todos), el acceso de los ciudadanos a las nuevas tecnologías.
“Esta sentencia nos obligará a revisar los planes nacionales de desarrollo de las telecomunicaciones, ya que en este momento no se tiene como meta el 100% de universalidad del acceso a esos servicios”, manifestó ayer el ministro rector del área, Teófilo de la Torre.
El fallo fue emitido el 30 de julio, cuando la Sala IV declaró con lugar un recurso de amparo contra los jerarcas del ICE, la Sutel y el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet) por el atraso en la apertura celular. El amparo fue promovido por Juan Manuel Campos, experto en regulación.
El Tribunal le otorgó tres meses al Gobierno para concretar la competencia en telefonía móvil.
La Sala concluyó que el “retardo verificado” en la apertura de las telecomunicaciones, además de quebrantar el derecho a una aplicación pronta de las leyes, ha “incidido en el ejercicio y disfrute de otros derechos fundamentales”.
Entre ellos, la libertad de elección de los consumidores, el derecho de acceso a las nuevas tecnologías de la información, la igualdad y la erradicación de la brecha digital y acceder a Internet por la interfaz (medio) que elija.
George Miley, presidente del Consejo de la Superintendencia de la Telecomunicaciones (Sutel), explicó que el atraso en la apertura únicamente es aplicable a la telefonía móvil pues en Internet ya hay competencia en el país.
Derecho básico. En el voto, notificado este lunes, los magistrados argumentan que en este momento el acceso a las nuevas tecnologías es en un instrumento básico para facilitar el ejercicio de derechos fundamentales como la participación democrática y el control ciudadano, la educación, la libertad de expresión y de pensamiento, entre otros.
“Incluso, se ha afirmado el carácter de derecho fundamental que reviste el acceso a estas tecnologías, concretamente, el derecho a acceso a Internet o red de redes”, dice la Sala en referencia a una setencia del Consejo Constitucional de Francia, que calificó como un derecho básico el acceso a Internet.
Sobre el fallo, Miguel González, director ejecutivo de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología, manifestó que coinciden con la Sala sobre la obligación del Estado de promover la universalidad.
“Se puede decir que con esta resolución Costa Rica ha consolidado su modelo de competencia con inclusión social”, agregó.
El país tiene menos del 50% de penetración de Internet, mientras la cobertura celular es del 80% del territorio nacional. Este servicio permite el acceso a Internet.