El Estado tiene muy buenas políticas para garantizar a los niños y adolescentes buena educación y acceso a los sistemas de salud.
Sin embargo, aún carece de políticas estatales eficaces para proteger a la niñez y adolescencia en riesgo social y darles acceso a justicia pronta y cumplida a aquellos menores víctimas de abusos.
Estas son las conclusiones de una encuesta de percepción realizada por el Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA).
Esta encuesta se realizó vía telefónica a 1.200 costarricenses mayores de 18 años durante mayo y junio de este año.
Según el reporte, el 56% de los encuestados dijo que el Estado sí garantiza acceso a educación de calidad a niños y adolescentes; mientras el 40,8% hasta consideró que hay buenas políticas publicas de salud para esta población.
No obstante, el 74% de los consultados señaló que los programas estatales para proteger a la niñez y adolescencia en riesgo social son poco eficaces. El 62% dijo que el Estado “garantiza poco el derecho a servicios de atención judicial inmediata para niños víctimas de abusos o crímenes”; es decir, deben fortalecerse estos mecanismos.
Además, solo el 30% de los encuestados consideró que en Costa Rica se respetan los derechos humanos de la niñez y la adolescencia. Incluso, el 68,6% estima que el Estado costarricense no cuenta con todos los mecanismos para combatir el problema de trata de niños y adolescentes.
“Vemos que el costarricense tiene preocupaciones grandes sobre el tema de la niñez y adolescencia. Le preocupa la eficacia de las instituciones, siente que muchas no actúan como deberían actuar para AGproteger a la niñez. Lo que a una persona le sucede en esta etapa, lo marca por el resto de su vida”, señaló Marielos Carrillo, coordinadora de la encuesta.
Solo percepción. Sin embargo, para los coordinadores de este estudio, la percepción del costarricense no siempre corresponde fielmente a la realidad.
“Este es un estudio de percepción. Esto es lo que percibe la gente de muchas situaciones, pero es posible que la gente desconozca muchas de las políticas que existen para proteger a la niñez. Esto nos dice que las instituciones deben también hacer mayores esfuerzos para comunicar cuáles son sus proyectos en favor de la niñez”, comentó Sandra León, rectora de la UNA.
Para Marielos Hernández, presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), los resultados de esta encuesta les permitirá mejorar sus proyectos.
“Costa Rica es un país pionero en protección a los derechos infantiles, pero ese mensaje no ha calado. Muchas veces ese mensaje y esas acciones no llegan a los sectores más vulnerables, pero ya estamos trabajando en ello. Además, muchas veces los medios de comunicación revictimizan a los víctimas de accidentes o de abusos y todo eso afecta”, explicó.
“El estudio nos hace reflexionar. A veces fallamos, pero no solo como institución. Para garantizar un buen desarrollo de la niñez, debe haber responsabilidad compartida y trabajo articulado de varias instituciones. Problemas como la pobreza o la explotación sexual comercial no los puede resolver una sola institución. Ya estamos poniendo a funcionar un sistema articulado”, añadió.