Si la situación fiscal fuera tan boyante como pretende haberla entregado el exministro de Hacienda, Guillermo Zúñiga, el proyecto de presupuesto ordinario de la República para el 2011 no presentaría un desfinanciamiento tan abultado. A pesar de la pobre retórica esgrimida en respuesta a nuestros editoriales sobre su falta de previsión de la crisis, ausencia de medidas correctivas y las evidentes consecuencias fiscales, la realidad gravita en su contra: el presupuesto de gastos está desfinanciado en un 45% y el déficit sobrepasará el 5,2% de toda la producción nacional. La situación es preocupante.
La Contraloría General de la República certificó la adversa situación fiscal y comparó las cifras de ingresos y gastos de años anteriores. El aumento es significativo. Si bien el Ministerio de Hacienda argumenta en la correspondiente exposición de motivos que “ha tenido que acudir más al crédito debido a la caída en los ingresos por impuestos generada por la crisis financiera”, la realidad es que el déficit se origina más en la expansión de gastos que en la caída de ingresos. En los primeros 7 meses de este año los impuestos crecieron un 7% en términos reales –es decir, por encima de la inflación–, pero los gastos lo hicieron a una tasa muy superior, del 17% en términos reales, también excluyendo la inflación, lo que implica una expansión cercana al triple de los ingresos.
¿Por qué han crecido los gastos tan abultadamente en comparación con los ingresos? La respuesta, en buena parte, está en el aumento de la planilla y otros gastos recurrentes heredados de la administración anterior, que continúa gravitando año con año en el presupuesto nacional. Si en vez de ello se hubieran aumentado los gastos de inversión, o estimulado el empleo en el sector privado con reducción temporal de impuestos, como sugerimos, o si el incremento en los policías y maestros se hubiera dado sin incrementar la nómina de servidores, entonces el volumen de gastos no aumentaría automáticamente, como ahora. Y esta crítica no tiene nada que ver con ninguna posición contraria a respetables planteamientos keynesianos o socialdemócratas, según se alegó, sino con prácticas elementales de sana administración financiera que no se han observado ni se observan todavía.
La primera es que no se deben financiar gastos corrientes con endeudamiento, como se pretende en el proyecto de presupuesto, por ser contraria esa práctica al artículo 6 de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos. La razón es simple: ninguna persona, empresa, institución o país debe gastar más de lo que percibe. Y, si lo hace, debe garantizar que el endeudamiento le permita incrementar la capacidad de generar nuevos ingresos, debidamente comprobados. Esta mala práctica, desafortunadamente, se viene ejecutando desde la administración anterior, según comentamos en otros editoriales. Ahora, sin embargo, el Ministerio de Hacienda intenta forzar una interpretación antojadiza de que los sueldos y salarios en ciertas materias, como educación y salud, no son gastos corrientes sino de capital.
En buena teoría económica, los gastos de inversión como puentes, carreteras o escuelas sí se contabilizan a la hora de determinar el crecimiento real de la economía (adiciones al PIB) y se amortizan anualmente conforme a las buenas prácticas contables. Los gastos en la burocracia estatal no son amortizables ni añaden al cálculo anual del PIB. Tratarlos como inversión es una excusa para evadir las responsabilidades de la ley. También preocupa el incremento de nuevos gastos, como los provenientes de la negociación con las universidades (FEES), sin antes contar con los ingresos para financiarlos. Aquí, primero se compromete el gasto y, luego, se sale apresuradamente a buscar los ingresos.
Íntimamente relacionado con lo anterior está el desequilibrio macroeconómico que representa un presupuesto altamente desfinanciado. El gasto previsto será de 5,5 millones de millones de colones, y el faltante ascenderá a 2,5 millones de millones. Ambos representan porcentajes elevados del PIB. La economía, sin embargo, no está creciendo aceleradamente como antes para poder descansar en un incremento de la recaudación asociado a las variaciones del PIB, sin necesidad de recurrir a nuevas fuentes de ingreso permanente. Según el informe de la Contraloría, el déficit del Gobierno en los primeros siete meses del año alcanzó ¢460.000 millones, lo que representa un aumento del 89% respecto al mismo período del año anterior (79%, si se excluye la inflación).
Ese déficit presionará a corto plazo las tasas de interés, lo cual también afectará el crecimiento de la producción. Y, si se financiara eventualmente con nuevos impuestos, también habría un traslado masivo de recursos del sector privado al público, con daño para la producción nacional.
De ahí se deriva una conclusión importante: el Gobierno no debe pretender financiar su déficit únicamente con aumentos en la carga tributaria, sino también, con un recorte importante del gasto público, aspecto que nunca quiso hacer el anterior ministro de Hacienda ni, por lo visto, el titular actual. Reducir gastos o, al menos, congelar la planilla, sería una buena carta de presentación para pedir nuevos tributos.