En Santa Cruz, Guanacaste, no se podrán autorizar nuevas concesiones para el aprovechamiento del agua hasta que las autoridades ambientales del país determinen la capacidad de recarga del acuífero de dicho cantón.
Tampoco podrán ampliarse las concesiones ya otorgadas.
Esa fue la determinación de la Sala IV al resolver con lugar un recurso de amparo que un hombre de apellidos Méndez Franco interpuso contra los estatales Minaet, Senara y AyA.
El recurrente alegó que no hubo estudios sobre la capacidad de las fuentes de agua potable en Santa Cruz para los permisos extendidos a un proyecto habitacional ubicado entre Bahía Potrero y Flamingo.
Méndez expuso además que el nuevo proyecto inmobiliario (dos torres de condominios) podría afectar el suministro de agua potable a los usuarios de la Asociación Administrativa del Acueducto Rural de playa Brasilito.
Los magistrados le dieron la razón a Méndez y ahoraestablecieron un año de plazo para que el Departamento de Aguas del Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet) determine la capacidad de recarga del acuífero.
En esa labor deberán colaborar Acueductos y Alcantarillados (AyA) y el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento (Senara).
El estudio también deberá determinar la vulnerabilidad de la contaminación por intrusión salina en el acuífero.