La Sala Constitucional prohibió al Ministerio de Seguridad Pública instalar retenes en carretera mientras no existan indicios comprobados de la comisión de un hecho delictivo.
El fallo fue recibido por las autoridades con preocupación pues para la Policía esta ha sido una herramienta preventiva, destacó el director de la Fuerza Pública, Érick Lacayo.
“Me gustaría primero enterarme del criterio de la Sala (Constitucional), para ver de qué forma nos puede limitar”, dijo.
El amparo lo presentó el abogado Juan José Rímolo Bolaños. La noche del 9 de agosto, un grupo de agentes le cerró el paso en El Descanso, San Antonio de Escazú. “Venía de recoger a mi hija de una clase de italiano. Vi a un montó n de policías y supuse que había un asalto.
“En eso me entero de que era un operativo de rutina. Obligaban a la gente a bajarse del carro y abrir puertas para ver si andaba drogas o armas. Me sentí indignado porque ese no es un procedimiento legal en este país”, comentó ayer Rímolo.
En el recurso Rímolo sostuvo que un policía, fusil en mano, le indicó –en forma amenazante– que si no permitía la revisión, solicitaría al Ministerio Público una orden de allanamiento.
“Ellos actuaron contra el derecho. Los retenes no son una herramienta preventiva legítima. Yo tenía derecho al libre tránsito”, puntualizó el abogado.
Las autoridades chequearon la cédula de Rímolo. Lo dejaron ir en cuanto abrió la guantera y encendió la luz interna de su carro. “Estaba cansado y no quería estar a medianoche ahí”, adujo.
Fallo. En forma unánime, la Sala Constitucional ordenó ayer al ministro, José María Tijerino, no realizar retenes mientras no exista un indicio comprobado de un delito.
Los magistrados condenaron al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados.
El viceministro de Seguridad Pública, Jorge Chavarría, teme que la medida debilite los esfuerzos por garantizar la seguridad ciudadana. “Creo que está dejando por fuera (la resolución) el ámbito de acción de la Policía preventiva que busca verificar, con afectación mínima, el cumplimiento de las normas por parte de la ciudadanía”, consideró el funcionario.
Aunque dijo que existen otras formas de trabajo, Chavarría –dejará su cargo el próximo viernes– lamentó la eliminación de una herramienta que ha tenido importancia en el combate al tráfico de drogas y el control del uso de armas.
El jefe regional de la Fuerza Pública, Raúl Rivera, declaró, por su parte, que el voto es contradictorio pues en otras oportunidades la Sala de Casación ha establecido que la Policía puede llevar a cabo ese tipo de medidas para minimizar las acciones delictivas.
“Se pierde un elemento disuasivo importantísimo porque el hecho de tener un retén en una comunidad vulnerable nos ayuda a hacer frente a situaciones delictivas”, insistió el jefe policial.
Sobre ese mismo tema, el jerarca policial Lacayo destacó que es preferible que en carretera al ciudadano lo pare un policía a que lo haga un delincuente.
“Los habitantes reclamamos una mejora y por eso debemos ser parte de las medidas de seguridad. Esto requiere de voluntad”.