Lo siguieron a oficinas, restaurantes, centros comerciales, bancos y a dos iglesias católicas.
Lo vigilaron desde que salía de la casa a las 7 a. m. y hasta las 5 p. m.; fueron tras el vehículo en que se transportaba y fotografiaron sus movimientos.
Jorge Arguedas Mora, líder sindical del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), fue objeto de un seguimiento intensivo durante 11 días, en diciembre.
Siete funcionarios del mismo ICE, quienes ostentan el cargo de investigadores, se turnaron para seguir al dirigente por orden de la administración superior.
Ellos laboran para la Dirección de Protección y Seguridad Institucional del ICE, denunciada anteayer por el diputado socialcristiano Luis Fishman como una oficina de “espionaje”.
Ayer, el Instituto se limitó a decir, en un comunicado, que los “supuestos actos de persecución de la Administración anterior del ICE contra un dirigente sindical” se originaron al atender una denuncia remitida por la Contraloría General de la República.
La denuncia decía que Arguedas utilizaba la jornada laboral “para realizar actividades sindicales más allá de lo permitido, así como actividades electorales”.
Consultada anoche, la Contraloría indicó que, cuando recibe una denuncia y la reenvía a otra institución, a esta última le corresponde determinar las técnicas de investigación para probar o descartar su veracidad.
En este caso, la denuncia recibida en la Contraloría contra Arguedas fue anónima.
Arguedas, presidente de la Asociación Nacional de Técnicos en Telecomunicaciones (Anttec), dijo que el ICE violó su intimidad y la de su familia, pues le siguieron incluso cuando dejaba a su hija en un centro educativo.
Sostuvo que él tiene horario discrecional gracias al fuero sindical. El dirigente no supo que lo vigilaron hasta que, en marzo, le avisaron que existía un proceso disciplinario en su contra y él exigió copia del expediente. Ante ello, llevó el caso a la Fiscalía.
Anoche, el abogado constitucionalista Manrique Jiménez Meza estimó que el ICE es una institución regida por el principio de legalidad y no está para hacer seguimientos: “El ICE no es una Gestapo (Policía secreta nazi) nacional”.
El acto, dijo, podría constituir abuso de autoridad, pues el funcionario tiene su esfera de privacidad.
Diez horas diarias. El seguimiento se produjo entre el 1.° y el 15 de diciembre del año pasado, con excepción de los fines de semana.
Los funcionarios del ICE trabajaron en grupos de tres: dos investigadores y un notario, llamado Erick Picado Sancho, quien levantaba un acta de lo observado.
Empezaban a las 7 a. m. frente a la casa de Arguedas, en San Rafael Arriba de Desamparados, y terminaban a las 5 p. m. Cada día, levantaban una bitácora con los movimientos del sindicalista y fotos.
Allí describen la vestimenta de Arguedas, sitios o personas que visitó y placas de autos que abordó.
Por ejemplo, el acta del 2 de diciembre indica: “Al ser las 7:15 a. m. se observó salir al señor Jorge Arguedas Mora de un inmueble ubicado en San Rafael Arriba de Desamparados, donde abordó un taxi placa TSJ225. Vestía con pantalón color azul y camisa color celeste con rayas horizontales (...)”.
“Al ser las 12:51 p. m., el señor Arguedas es observado ingresando en compañía del señor Julio Rojas Rodríguez, quien es funcionario del ICE, a una soda esquinera 100 metros al sur de las oficinas de Anttec (...) Al ser las 17 horas, se finaliza la labor de verificación de horario y no se observó ningún otro movimiento de interés”.
Entre otros sitios, los investigadores siguieron a Arguedas al Banco de Costa Rica; al Hospital Clínica Bíblica, la iglesia católica de San Ramón (Alajuela), la oficina de Coopenacional y a los centros comerciales Plaza Cristal, Comercial del Sur y Multiplaza. Incluso detallaron la forma como compró pan y un periódico frente a su casa.
Expediente abierto. Según documentos obtenidos por Arguedas, Pedro Pablo Quirós, expresidente ejecutivo del ICE –a quien no fue posible localizar ayer–, recibió la denuncia de la Contraloría sobre su caso el 16 de octubre del 2009.
El 16 de noviembre, Eugenio Jiménez Gamboa, asistente de la administración, le pasó el caso a Juan de la Cruz Brenes Solera, director de Dirección de Protección y Seguridad Institucional. Esta oficina abrió el expediente 10-4-2010.
La Nación intentó hablar con Brenes y Eduardo Doryan, presidente del ICE, pero el vocero Elbert Durán dijo que la institución no hablaría más allá del comunicado. En su comunicado, Doryan dijo que el ICE respeta los derechos y garantías de la ciudadanía y que sus equipos de intervención telefónica solo son usados por orden judicial, contra el narcotráfico y el crimen organizado.