La Contraloría General de la República solicitó al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) retirarle la credencial de alcaldesa de Alajuela a Joyce Zürcher, pues presuntamente incurrió en irregularidades en compras y contrataciones.
Así lo establece la resolución N.º PA-63-2010, la cual fue publicada de forma parcial ayer en el diario oficial La Gaceta.
Además, la Contraloría le prohibió a Zürcher el ingreso o reingreso en cargos de la Hacienda Pública –distintos al de su puesto actual como alcaldesa– durante dos años: del 18 de agosto del 2010 al 18 de agosto del 2012.
Juan Luis Rivera, letrado del TSE, indicó que se deberá hacer una revisión jurídica de la resolución de la Contraloría e indicó que no hay un plazo fijado para que se emita un pronunciamiento.
En el caso de que efectivamente se le retire la credencial, Joyce Zürcher no podrá ejercer más ese cargo, pese a haber sido elegida por sufragio popular.
La Nación intentó ayer comunicarse con Zürcher; sin embargo, se encuentra fuera del país; Humberto Soto, alcalde en ejercicio, manifestó que la funcionaria pidió un permiso laboral del 22 de agosto al 14 de setiembre.
Los hechos. Una investigación de la Contraloría determinó que Zürcher hizo un doble pago improcedente del plus salarial a un funcionario de la Municipalidad, pese a que había sido advertida de la irregularidad del acto.
También se le culpa por haber realizado –como alcaldesa– una compra de llantas, por un monto de ¢5,4 millones, para maquinaria y equipo municipal a una empresa de la cual ella figuraba como vocal en la junta directiva.
Además, se le responsabiliza de seis contrataciones directas entre la Municipalidad de Alajuela y la empresa Holcim S.A., de la cual su hermano Harry se desempeña como tesorero.
En estos dos últimos casos, aseveró el órgano contralor, Joyce Zürcher violó la Ley de contratación administrativa.
La labor de Zürcher ha estado marcada por cuestionamientos. Por ejemplo: el 30 de julio fue indagada por tres delitos en la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Corrupción y Tributarios.
El Ministerio Público indicó en ese momento que a ella la investigaban por presuntos abusos de autoridad, incumplimiento de deberes y tráfico de influencias.