El fallo de la Sala IV que anuló el acuerdo para permitir la concesión de puertos en Limón, es una sentencia al empobrecimiento de todo el país.
Con la ineficiencia de los puertos de Limón y Moín, todos tendremos que seguir pagando, con altos precios, las consecuencias de esta decisión de cuatro de siete magistrados.
La sentencia implica volver al pasado. Significa reafirmar una convención colectiva obsoleta pues ordena el cierre de los puertos 11 días al año (para celebraciones de carnaval, días feriados y asambleas sindicales), mientras los barcos deben quedar en espera en bahía.
El costo de esa espera se nos carga a todos en el precio de los productos que traen esas naves. El gasto familiar aumentará.
Con este fallo se empobrecerán más costarricenses porque la ineficiencia de los dos puertos contendrán el despegue de las exportaciones nacionales: más costos para los productores y menos generación de empleos.
La sentencia empobrece a los limonenses porque las deficiencias de los puertos disminuyen los recursos que debe destinar Japdeva para el “desarrollo” de la provincia. En el 2011, el aporte previsto será de tan solo ¢800 millones para caminos, escuelas, colegios o emergencias frente a los ¢28.000 millones que cuestan los salarios y convención colectiva de los 1.000 empleados de Japdeva.
En ese sentido, el dirigente sindical Ronaldo Blear ha sido franco: Se le preguntó qué pasará después de este fallo: “Simplemente continuar adelante buscando el beneficio para la clase trabajadora de Limón”, dijo. Por “clase trabajadora” está claro: beneficio para los 1.000 que laboran en Japdeva.
La única opción a corto plazo será esperar a que llegue enero, que no es mucho tiempo, cuando la asamblea del sindicato elegirá su nueva junta directiva.
Lo más conveniente para Limón, para los limonenses, es que en esa asamblea se ratifique la decisión tomada en enero cuando acudieron a la cita 687 empleados, el 69% de los afiliados al sindicato, y que, por mayoría, votaron a favor de la concesión a cambio de una indemnización de $137 millones.
La dirigencia sindical destituida tras el fallo de la Sala tiene cuatro meses para convencer... El Gobierno tiene cuatro meses para convencer de los pros y contras. Tiempo hay, pero se requiere habilidad para negociar. En caso contrario, la sentencia de pobreza se confirma.