Las autoridades municipales le fijaron un plazo de dos meses al Gobierno para que haga modificaciones al primer proyecto de ley que transfiere el 1,5% del presupuesto nacional a los ayuntamientos.
Pasado ese período, anunciaron, lo presentarán a la corriente legislativa, cuenten o no con el consentimiento del Ejecutivo .
Dicho documento fue elaborado por la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) y se le entregó a la presidenta, Laura Chinchilla, el sábado pasado.
El ultimátum lo dieron ayer en conferencia de prensa el presidente de la UNGL, Álvaro Jiménez, y el alcalde de San José, Johnny Araya, quien, además, es el presidente de la Federación Metropolitana de Municipalidades.
Ambos jerarcas destacaron que tienen como aliados a varias diputados, quienes fueron alcaldes o regidores en períodos anteriores.
El plan busca que se le giren más recursos a las municipalidades para el mantenimiento de la red vial.
Actualmente, los ayuntamientos reciben el 25% de los ¢211.000 millones recaudados con el impuesto a los combustibles; el restante 75% se le gira al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi). La propuesta inicial es que el dinero se distribuya en partes iguales.
Camino entrabado. Este proyecto surge a raíz de la Ley de Transferencia de Competencias y Recursos a los Gobiernos Locales, aprobada en marzo pasado.
La normativa establece que el Ministerio de Planificación debe presentar al Congreso siete leyes (una por año) para darles nuevas atribuciones a los municipios.
Sin embargo, la jerarca del ramo, Laura Alfaro, no ha efectuado tal labor aduciendo que debe revisar los proyectos .
Esto generó el malestar de los alcaldes; incluso, Chinchilla nombró al vicepresidente Alfio Piva como interlocutor, en procura de enfriar el conflicto.