Las empresas de radiobases deberán prever espacio para, al menos, tres antenas de telefonía celular por cada torre que construyan.
Cada estructura tendráuna altura mínima de 30 metros y la distancia mínima entre una y otra torre será de 250 metros.
Así consta en un reglamento para normar la construcción de radiobases avalado por 30 municipalidades. Se espera que se apruebe en todos los ayuntamientos.
Estas disposiciones procuran evitar la proliferación de torres en las comunidades.
Dichas exigencias también regirán para las nuevas estructuras del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), que actualmente es el único operador celular del país.
El Gobierno concesionará frecuencias para telefonía móvil con el fin de permitir el ingreso de tres firmas privadas. El cartel estará listo antes de que finalice agosto.
Protección. Las empresas que instalen torres celulares, además. deberán adquirir una póliza de responsabilidad civil para cubrir eventuales daños al propio ayuntamiento o a terceros.
El seguro estará vigente durante el tiempo en que operen las radiobases.
Asimismo, los municipios establecieron el cobro de una patente por la explotación comercial de esa infraestructura en cada cantón.
El cobro incluiría al ICE, el cual cuenta hoy con más de 1.100 torres telefónicas y no paga patente.
Sin embargo, el mecanismo de cálculo todavía no está definido.
Hannia Vega, viceministra de Telecomunicaciones, dijo ayer que el Viceministerio se comprometió a colaborar con los gobiernos locales en el establecimiento de la metodología para cobrar la patente.
Desde hace meses, los municipios tienen frenadas unas 2.000 solicitudes para construir radiobases, a la espera de esta normativa.
La promulgación del Reglamento General para Licencias Municipales en Telecomunicaciones, fue liderada por la Federación Metropolitana de Municipalidades de San José (Femetrom), la cual reúne a 14 ayuntamientos.
También participaron representantes del ICE, la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), el Viceministerio de Telecomunicaciones, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos,así como de las empresas privadas.
De acuerdo con Juan Antonio Vargas, director ejecutivo de Femetrom, para que el Reglamento cobre vigencia debe ser aprobado por cada concejo municipal y luego publicado en La Gaceta.
Se espera que las 30 municipalidades que ya sacaron a consulta pública el documento, y le dieron el primer aval, lo sometan a aprobación de sus concejos antes del 22 de setiembre.
Para esa misma fecha, los restantes gobiernos locales deberían haber superado el periodo de consulta pública (diez días hábiles) de la normativa.
Sin embargo, Vargas recordó que los ayuntamientos tienen total autonomía y por tanto pueden cambiar la norma o no acogerla.
Para Gabriel Chernacov, de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología, el documento es un paso grande en la ruta hacia la apertura celular.
“El reglamento es muy bueno porque cumple con el objetivo que se planteó de buscar un mecanismo transparente para instalación de las torres y que sean de uso compartido (hasta por tres operadores) para reducir el número”, comentó.
Por su parte, Johnny Araya, alcalde de San José, dijo que la regulación evitará entrabamientos y, a la vez, respetará normas ambientales y urbanísticas.