La Municipalidad de Cartago y la organización no gubernamental (ONG) “Un Techo para mi país” protagonizan una disputa tras la construcción de 52 casas en los precarios Los Diques y Cristo Rey.
El ayuntamiento alega que la organización levantó las estructuras sin los permisos correspondientes y sin la autorización de la Alcaldía ni del Concejo.
Mientras tanto, la Fundación señala que se hizo una donación de materiales a los vecinos de esas zonas y que un grupo de voluntarios independientes ayudó a construir las casas.
La disputa tuvo su momento más crítico en la sesión del Concejo del 17 de julio pasado, cuando hubo enfrentamientos verbales e incluso se requirió la intervención de la Fuerza Pública pues algunos vecinos de los precarios citados acudieron al ayuntamiento a protestar contra los regidores.
Wilbert Quesada, director del departamento legal del municipio, y el arquitecto Juan Carlos Guzmán destacaron que la construcción de las casas es improcedente, porque implica la regularización de los asentamientos ilegales.
Quesada indicó que están preparando una denuncia penal contra la organización por invasión de terrenos y construcción sin el aval municipal.
El alcalde, Rolando Rodríguez, destacó, además, que las familias de estas comunidades serán reubicadas en un mediano plazo en un proyecto habitacional; añadió que los asentamientos están localizados en zonas de desastre.
Las tierras donde se levantaron los precarios pertenecen al Ministerio de Justicia.
Acción social. Patricio Morera, director social de “Un Techo para mi país”, dijo que la intención de la ONG fue beneficiar a una comunidad que vive en condiciones infrahumanas, tal y como lo han hecho en otras regiones, por ejemplo, en la zona afectada por el terremoto del 8 de enero del 2009.
Morera detalló que ante la negativa del municipio, procedieron a donar el material a las familias, con las cuales ya habían adquirido un compromiso.
Reconoció que un grupo de jóvenes que inicialmente habían sido convocados por la Fundación como voluntarios, ayudaron a las familias a construir las casas, pero que estos lo hicieron bajo su propia responsabilidad, sin representar a “Un techo para mi país”.
La construcción de las casas tuvo un costo total de $93.000; a cada familia se le cobraron ¢65.000. Las viviendas son provisionales, carecen de instalación eléctrica y cañería, se pueden desarmar y levantar en otros terrenos.
Morera enfatizó que “nunca” invadieron terrenos pues las familias ayudadas ya vivían en la zona desde hace años.
“A estas familias se les está violando su derecho a la salud; nuestra pretensión fue mejorar su calidad de vida”, explicó.
La organización es integrada, en su mayoría, por jóvenes universitarios y recién graduados.