La Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo definió una primera lista de 10 empresas públicas que deberían aportar parte de sus ganancias al régimen de invalidez, vejez y muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social.
Después de un análisis de los dictámenes de la Procuraduría General de la República y la legislación que regula las entidades públicas, la Dirección presentó al viceministro del sector social del Ministerio de Trabajo, Juan Manuel Cordero, “un primer recuento”.
En él se hallan incluidos Correos de Costa Rica, la Refinadora Costarricense de Petróleo, el Sistema Nacional de Radio y Televisión y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
También aparecen el Instituto Costarricense de Ferrocarriles, el Instituto Nacional de Seguros (INS), la Editorial Costa Rica, el Banco Nacional, el Banco de Costa Rica y el Banco Crédito Agrícola de Cartago.
Según lo estipula el artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador, que rige desde el año 2000, las “empresas públicas del Estado” deben hacer una contribución hasta del 15% de sus utilidades con el fin de fortalecer el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la instituci´´on aseguradora.
Sin embargo, no fue sino hasta febrero de este año cuando el Ministerio de Trabajo fijó en un 15% el aporte que debe realizarse, y lo sometió a consulta.
Cordero había explicado que se debía definir primero qué eran empresas públicas.
El departamento de prensa del Ministerio dijo la semana pasada que todavía falta que el Poder Ejecutivo apruebe un reglamento.