¿Por qué costará tanto que el Gobierno actúe, impidiendo los abusos y revisando sus causas? ¿Será por indiferencia? ¿Pereza burocrática? ¿Evasión de responsabilidades? ¿Complicidad o corrupción? Son tantos los casos, las justificaciones y las mentiras, que es imposible no exigir rectificaciones.
¿Por qué costará tanto que el Gobierno actúe, impidiendo los abusos y revisando sus causas? ¿Será por indiferencia? ¿Pereza burocrática? ¿Evasión de responsabilidades? ¿Complicidad o corrupción? Son tantos los casos, las justificaciones y las mentiras, que es imposible no exigir rectificaciones.
Es tan grave la situación que, sin tintes partidarios, un grupo muy distintiguido de ciudadanos –entre ellos el Ingeniero Rodolfo Méndez Mata y el exdiputado Mario Quirós– ha salido a denunciar hechos de la máxima gravedad, todos ocurridos con motivo de una concesión.
Las cifras son tan altas, que sencillamente no pueden ignorarse más y merecen la atención inmediata de toda persona decente y, en primer lugar, de los medios de prensa. Estos, especialmente los que no se tragan las simplistas e invariablemente justificativas explicaciones oficiales, deberían adentrarse en esos hechos y esclarecer sin vacilaciones el saqueo de las arcas públicas.
Aunque Costa Rica parece ser hoy un país de multimillonarios, sobre todo si atendemos al caso de las explicaciones de algunos alcaldes sobre su riqueza en colones y dólares (expuesto por Greivin Moya en Canal 7), aun así, la denuncia de este grupo de ciudadanos, sobre pagos por concesiones que los especialistas califican como mal hechas, rebasa todos los límites.
La promulgación de la ley de concesiones (en otras circunstancias, conveniente), se ha convertido en una cesión de soberanía y en un sojuzgamiento denigrante a la ciudadanía.
Y pruebas al canto. No actúan como concesionarios, sino como amos del territorio. Tanto así, que costó múltiples humillaciones que se permitiera el paso, sin cobro de peaje, a los bomberos, las ambulancias y las radiopatrullas, aunque no a los policías municipales.
No solo se le entregó al país una carretera mal construida y peligrosa, sino que un día sí y otro también, obligan a los usuarios a devolverse porque el paso está interrumpido. Y, no obstante, ser esto responsabilidad exclusiva de la empresa, sin embargo les imponen pagar otra vez el peaje.
Pero no es solo la carretera a Caldera la defectuosa, sino también la que comunica a Hatillo con Sabana Sur y, lo peor, la que conectará con San Ramón. A pesar de hechos tan obvios, nuestros gobernantes callan, justifican, permiten y hacen la vista gorda. Por ello es hora de exigir una seria investigación legislativa, la revisión de la ley, una amplia auditoría contralora de lo que está pasando y la intervención atenta de la Defensoría de los Habitantes.
¿O es que ya nos domesticaron tanto y nos acostumbramos a la inacabable platina y a las mentiras que la han acompañado, y que en este “siglo XXI cambalache”, el nombre de los espejitos que se cambian por oro es concesiones?