Un zafarrancho mediático se ha desatado en torno al plan de establecer un centro islámico, con su respectiva mezquita, a poca distancia del sitio de las Torres Gemelas, en Nueva York. Para una corriente de opinión, el plan hiere las sensibilidades de quienes perdieron familiares o amigos en los aciagos sucesos de setiembre, 11 del 2001. Para otro sector, el proyecto constituye una expresión de la libertad de culto consagrada en la Constitución de Estados Unidos. Y para un tercer grupo, un centro islámico fomentaría el extremismo terrorista que produjo los ataques hace nueve años.
Desde luego, nadie goza del monopolio de la verdad. La solución óptima, propia de las democracias, suele encontrarse gracias a un razonamiento pausado que responda a las objeciones y también a los derechos de los grupos en conflicto. Por desgracia, parece difícil lograr un consenso en la explosiva atmósfera que hoy prevalece, alentada por la incorporación de personajes y tendencias políticas que caldean cada vez más el debate en vísperas electorales. Todos los días aparecen denuncias y contradenuncias, afirmaciones y réplicas, y una interminable serie de hallazgos comprometedores o exculpatorios en el sargazo de opiniones que anega Internet.
Sin embargo, quienes observamos esta polémica desde fuera de Estados Unidos, en alguna medida tenemos el deber de formarnos un criterio acorde con los derechos básicos que están en juego y sustentan el sistema democrático alrededor del globo. De ahí que la solución que los norteamericanos encuentren, para bien o para mal, nos afectará de alguna manera a todos, porque los valores involucrados trascienden la geografía.
El dolor de quienes sufrieron la pérdida irreparable de seres queridos en la conflagración del 11 de setiembre nadie lo podría negar. Pero tampoco es dable ignorar que hubo víctimas de la fe musulmana. De toda forma, no se trata de legitimar una decisión con base en el recuento de la afiliación religiosa de quienes perecieron en esa abominable acción terrorista. La libertad de culto que ampara la Constitución, inspirada en los principios de los padres fundadores de la nación estadounidense, impide ese tipo de cálculos.
Más aún, las leyes hoy establecen graves penas y prohibiciones para quienes se asocien con la finalidad de perpetrar delitos, sobre todo el terrorismo. Desde luego, ese no es el caso motivo de examen. Las grandes corrientes de fe, incluido el islam, rechazan conductas como las de los terroristas acogidos a aberrantes interpretaciones de la religión. Si el centro comunitario de la controversia deviene en un foco de extremismo islamista, o si las autoridades rectoras resultan agentes o simpatizantes de Bin Laden, las leyes señalan el remedio. Si de algo podemos estar seguros es de que la fiscalización de ese foro será diligente y constante.
Mucho del presente debate se ha centrado en el imam Faisal Abdul Rauf, principal líder y dirigente religioso del Proyecto Córdoba, como se denomina la iniciativa para desarrollar el centro musulmán en cuestión. Para algunos adversarios del plan, Rauf es un criptoyihadista antijudío. No obstante, Rauf fue escogido durante la administración de George W. Bush como emisario de los musulmanes norteamericanos en diversas giras por el Cercano Oriente. También el presidente Obama le ha encomendado misiones similares. Cabe asimismo recordar que en los funerales del asesinado periodista Daniel Pearl, en una importante sinagoga de Nueva York, en el 2002, Rauf fue uno de los principales oradores y en el curso de su disertación afirmó de manera tajante: “Yo soy judío”, expresando de esa manera su solidaridad con la fe del martirizado periodista. Sin duda, esta afirmación no le ganó puntos entre los adeptos de Bin Laden.
Para evadir críticas del electorado, algunos funcionarios se han refugiado en la recomendación de que los organizadores del Proyecto Córdoba, para no ofender a los parientes de las víctimas de setiembre 11, opten por reubicar su proyecto en un lugar menos controversial. Quizás este expediente lograría atenuar temporalmente la tormenta, pero sin satisfacer el cumplimiento de la norma constitucional ni disipar el tufillo discriminatorio que, a fin de cuentas, conllevaría.
Recurrir a subterfugios para disimular el quebranto de libertades fundamentales es un camino sumamente riesgoso. En la historia reciente, ha sido el instrumento de autócratas para socavar los derechos inalienables de los gobernados. Estados Unidos es una ejemplar democracia, internacionalmente admirada. Precisamente por eso no debería desdorar su imagen con prácticas a todas luces discriminatorias.