A pesar de que reciben al año a más de 1,2 millones de turistas y generan divisas que superan los ¢770.000 millones anuales para hoteles, restaurantes y operadores de tours y artesanos, las 169 áreas protegidas del país perciben apenas una porción ínfima de esas ganancias y se enfrentan hoy, al igual que en décadas pasadas, a condiciones precarias para funcionar.
Un sondeo hecho por La Nación entre autoridades, guardaparques, guías turísticos y científicos, parte de la vida cotidiana de estas áreas protegidas, confirma que en la mayoría de esos sitios escasea el dinero para comprar hasta lo más elemental.
No solo faltan fondos para adquirir víveres y uniformes apropiados –que además de mejorar su presentación ante el público los proteja del sol, mosquitos y serpientes– , sino que tampoco los hay para invertir en más personal y equipo tecnológico –como GPS, radios, teléfonos–, que les permitan cumplir con la protección de los recursos naturales.
La cacería, pesca y tala ilegal y hasta el impacto ecológico del turismo son otros factores que amenazan la biodiversidad de estas áreas protegidas, sin que los jerarcas puedan hacer demasiado al respecto.
Por ejemplo, Gabriela Atencio, guía de snorkeling, asegura que la isla del Caño, en Osa, es vigilada desde un bote de remos. “Esto es todo lo que tienen los guardaparques para cuidar los recursos naturales del lugar”, alertó.
Atencio comentó : “Los guías estamos preocupados pues la isla es una fuente económica importante para bahía Drake y pueblos aledaños. Lastimosamente, la reserva no cuenta con el transporte necesario para su vigilancia”.
“La gran dificultad no está solo en las delimitaciones y expropiaciones de tierras, sino en contar con recursos financieros y humanos para conservarlos”, reconoció Ana Lorena Guevara, viceministra del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet).
Para Alfonso Duarte, gerente de áreas silvestres del Área de Conservación Pacífico Central (Acopac), el presupuesto se les va en cubrir costos operativos, salarios y combustible. Al final, les queda muy poco para comprar equipo como computadoras, así como para mejorar las instalaciones.
Cuando logran invertir en infraestructura para atender al turismo, la alta visitación termina acelerando el deterioro natural.
Ese es el caso del Parque Manuel Antonio, que recibe a más de 260.000 turistas al año. Según la viceministra Guevara, en 14 kilómetros de playa allí hay a veces más de 800 personas a la vez: “Esto es una enorme presión para los recursos naturales del parque.”
“Además, tenemos visitantes poco cuidadosos. Incluso, se roban las baterías sanitarias”, comentó Duarte.
Más dificultades. La otra dificultad es la falta de personal. “Hace tres años pedí 33 plazas nuevas. Ya tengo siete y están por abrirse unas tres más. Es decir, voy a disponer apenas de 10”, dijo Fernando Quirós, director del Área de Conservación Marina Isla del Coco.
No es solo que hayan más plazas, sino que cuenten con capacitación en temas legales, primeros auxilios, mecánica e inglés para recibir a los turistas. “Tenemos que ser autosuficientes. Allá estamos aislados y tenemos que ser casi que McGyver”, confesó Quirós.
Por otra parte, los guardaparques no solo velan por la naturaleza pues también desempeñan funciones como atender turismo y son autoridad de policía. “Lo que pasa es que ahora tenemos el mismo personal o menos que hace 10 años”, acotó Tilma Morales Mora, del Área de Conservación Osa (Acosa).