El Ministerio Público abrió una causa penal contra la directora del Museo Nacional, Patricia Fumero, para investigar supuestas acciones de la funcionaria en beneficio de una tía, según un comunicado de prensa, ayer, de la Fiscalía.
Las presuntas acciones de la jerarca estarían relacionadas con el allanamiento que realizó este jueves la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental a una vivienda, propiedad de la familia Dada Fumero, en Lourdes de Montes de Oca, donde se decomisaron unas 1.000 piezas precolombinas .
Según declaró Fumero, el mismo jueves –en conferencia de prensa–, la mayoría de los valiosos objetos de la colección de sus familiares “estaban debidamente registrados en el inventario de patrimonio del Museo Nacional”. No obstante, en un comunicado de prensa, ayer la Fiscalía aseguró que “según una consulta hecha al Departamento de Protección de Patrimonio Cultural del Museo Nacional, no existen diligencias presentadas ante el Registro Público del Patrimonio Nacional Arqueológico para inscribir dichas piezas”.
La Fiscalía confirmó que, el 17 de agosto, Fumero solicitó un informe al Museo sobre toda la documentación relacionada con Juan Dada Vasiliades (fallecido) y Ligia Fumero Monge, propietarios de la colección. Esto despertó las sospechas del Ministerio Público y obligó a acelerar la diligencia judicial.
El comunicado agrega que la jerarca “solicitó la semana anterior un estudio legal para establecer la posibilidad de declarar una amnistía en la Ley de Patrimonio Arqueológico, con la finalidad de que los coleccionistas pudieran inscribir los bienes que poseían”.
Durante la misma conferencia de prensa del jueves, la directora Fumero ya había declarado su interés en definir una amnistía para aquellos costarricenses que tuvieran en su poder piezas arqueológicas que les fueron heredadas. “La moratoria pretende localizar estas piezas para procurar que estén bien protegidas”, afirmó entonces.
Al ser consultada ayer por La Nación sobre la causa abierta en su contra, Fumero se negó a dar declaraciones “hasta ser debidamente notificada por la Fiscalía”. Sin embargo, en horas de la tarde, dijo a la emisora ADN que, en caso de tener que enfrentar un proceso judicial, se separaría de su cargo.
“Creo que tengo que hacerlo por ley. No me interpuse al allanamiento en casa de mi familia, ni he interpuesto ninguna influencia a nivel personal ni político”, afirmó.