Los contratos que inyectarían ¢120.000 millones en tres años para el bacheo de 5.000 kilómetros de carreteras asfaltadas cumplen 13 meses de atraso, debido a fallas cometidas por el Conavi en el proceso de adjudicación.
Por ejemplo, el Consejo Nacional de Vialidad declaró privadas las memorias de cálculo con las que se fijaron los precios de cada servicio (bacheo, chapea, limpieza de cunetas), pese a que la información de un expediente de contratación es de carácter público.
Esta decisión le impidió a las constructoras interesadas en ejecutar los contratos comparar los precios de la competencia y apelar si consideraban que la oferta de un tercero era ruinosa.
Además, el Consejo no fundamentó los parámetros que empleó para determinar la razonabilidad de los precios de las empresas que fueron escogidas para atender la red vial en asfalto.
Con base en estos dos razonamientos, el pasado lunes la Contraloría General de la República decidió anular el acto de adjudicación de los 22 contratos que había otorgado el Conavi, entre el 15 y el 22 de abril anteriores.
Del total de convenios, 17 se habían adjudicado a la constructora Hernán Solís. Otros tres se le concedieron a Meco, uno a Quebradores del Sur y uno a Orosi.
Estas empresas se iban a repartir ¢120.000 millones durante los tres años de vigencia de los contratos, los cuales debieron regir entre el 1.° de julio del 2009 y el 30 de junio del 2012.
Pero los convenios nunca entraron en vigencia porque ocho empresas presentaron 11 apelaciones contra la adjudicación.
Este lunes, la Contraloría declaró con lugar dos de esas apelaciones (las de Meco y Santa Fe) y rechazó las otras nueve.
Ahora, el Conavi deberá volver a adjudicar los contratos tomando en cuenta los señalamientos del ente contralor y también deberá hacer públicas las memorias de cálculo con las que se fijaron las ofertas de cada empresa.
Todo este proceso, desde que se anunció el borrador del cartel de licitación el 26 de enero del 2009, ha demorado 18 meses.
Consecuencia. Los anteriores contratos para atender 5.000 kilómetros de la red nacional en asfalto estuvieron vigentes entre el 1.° de julio del 2006 y el 30 de junio del 2009.
Sin embargo, los nuevos convenios siguen atorados entre los errores del Conavi y las apelaciones de las empresas constructoras.
Mientras tanto, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes ha tenido que recurrir a contrataciones directas con escaso presupuesto para atender los daños viales más severos.
Los últimos contratos de este tipo vencen en diciembre próximo.
Dichas contrataciones directas de emergencia fueron avaladas por la Contraloría, ente que cuestiona la extensa duración del proceso licitatorio para los contratos permanentes.
Mientras los contratos permanentes permitirían girar hasta ¢40.000 millones anuales para bacheo, los de emergencia solo ofrecen ¢18.000 millones anuales.