San José (AFP). La presidenta Laura Chinchilla anunció este lunes una reforma tributaria para aumentar la recaudación en un 2,5%, a fin de llevar a cabo su ambicioso programa de gobierno que pretende llevar al país al club de las naciones desarrolladas en una década.
Los cuatro ejes del programa de gobierno que presentó este lunes, coincidiendo con los primeros 100 días al frente del Ejecutivo, se centran en el bienestar social y familia, medioambiente, seguridad y competitividad e innovación.
Esta agenda, que contempla 40 metas -diez por cada uno de estos sectores- pretende lograr un "desarrollo seguro, liderado por la innovación y la tecnología, fortalecido por la solidaridad y comprometido con la sostenibilidad ambiental".
Pero la presidenta es consciente de que cualquier inversión, en particular en seguridad y el área social, pasa por la subida de impuestos.
Sobre todo cuando ha heredado de su predecesor, Oscar Arias, un déficit fiscal del 5% del PIB.
Por ello, pese a que no lo había contemplado en su campaña electoral, su gobierno tiene previsto enviar a la Asamblea Legislativa "en un mes" un proyecto de reforma tributaria para aumentar la recaudación en un 2,5% y conseguir que tributen los evasores.
Según la presidenta, la media de lo que pagan los profesionales liberales se sitúa en torno a los ¢26.000 colones, lo que tildó de "vergüenza".
La carga tributaria en Costa Rica para 2010 representa el 13,9% del PIB, según datos del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI).
Con este programa, Chinchilla quiere sentar las bases para convertir a Costa Rica en una de las primeras naciones desarrolladas de América Latina para 2020-21, coincidiendo con el Bicentenario.
También quiere convertir al país en el primero cuya energía eléctrica proceda de fuentes renovables y uno de los primeros países C02 neutral, es decir, que neutralice las emisiones de gases que contribuyen al calentamiento de la Tierra.
Durante los cuatro años de su gobierno, Chinchilla ha prometido resolver muchos de los problemas que lastran el crecimiento económico del país, como la baja productividad, el estancamiento de la pobreza y la desigualdad, la tensión entre crecimiento y sostenibilidad ambiental, el deterioro de la convivencia ciudadana y la dificultad para alcanzar acuerdos entre las fuerzas políticas.
Para ello, espera reducir el desempleo del 7,8% de 2009 al 5% en 2014, atender a 20.000 personas en extrema pobreza y establecer una red de cuidado infantil y para adultos mayores, en la que invertirá cerca de 65 millones de dólares.
Asimismo, pretende "reducir el crecimiento" de la inseguridad ciudadana, agravada por la creciente penetración del narcotráfico, y que es una de las principales preocupaciones de los costarricenses.
Para ello, ha prometido crear 4.000 nuevas plazas de policías, mejorar las infraestructuras y la coordinación judicial y conseguir fondos mediante nuevos impuestos a los casinos y el juego para poder financiar de manera permanente la Seguridad Pública.
En materia energética, quiere invertir 5.300 millones de dólares y mejorar las infraestructuras del país durante su gobierno.
Para conseguir este propósito, además de recurrir al endeudamiento, espera que la economía crezca a un ritmo del 5-6% hasta 2014, exportar 17.000 millones de dólares, implementar los tratados de libre comercio con la Unión Europea, China y Singapur y negociar otro con Corea del Sur, así como potenciar la integración centroamericana.