En Panamá está prohibida la venta de cigarrillos al menudeo; en Guatemala, el precio de cada cajetilla de cigarros incluye un 57% de impuestos, y, en Honduras, el 80% de la superficie de cada paquete tiene etiquetas ilustrativas, que advierte sobre los riesgos del fumado.
En Costa Rica ocurre todo lo contrario: los cigarros se pueden comprar sueltos, el único impuesto que se les aplica es el de ventas (13%), y una pequeña leyenda –colocada a gusto de las tabacaleras– advierte de que el fumado es nocivo para la salud.
La explicación de por qué esas naciones controlan mejor el consumo de tabaco es que han aprobado leyes para regular ese mercado y, por consiguiente, impactar en la incidencia de muertes y padecimientos atribuidos al tabaquismo.
Los últimos países enlistados en la lucha contra el fumado fueron Honduras y Nicaragua, que en junio promulgaron sus leyes.
La primera nación en acoger una ley antitabaco fue Panamá, que lo hizo en el 2008.
En el Istmo, El Salvador y Costa Rica son las naciones más atrasadas en legislación para controlar el tabaco, según datos de la Red Nacional Antitabaco (Renata).
La situación de rezago se agrava si el país se compara con el resto del continente, pues naciones como Brasil, Estados Unidos, México, Uruguay y Canadá ya cuentan con regulación antitabaco.
La realidad. Datos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) indican que cada día mueren diez personas a causa de una enfermedad relacionada con el fumado.
Solo en el 2009, esa entidad gastó ¢59.000 millones en atender a la población afectada por el tabaquismo (fumadores activos y pasivos).
La neumóloga Suyapa Sosa, de la Alianza Hondureña Antitabaco, explicó que en su país la nueva ley impone el pago de 100 salarios mínimos ($30.000 en total) a quien viole la nueva ley salida del Congreso.
En nuestro país, David Sancho, administrador de proyectos de Renata, criticó la lentitud en que ha incurrido la Asamblea Legislativa para tramitar la nueva ley, la cual se discute bajo el expediente 17.371.
Dicha iniciativa pretende prohibir el fumado en espacios públicos y privados de acceso a las personas. También impondría un impuesto de ¢2.000 por cada cajetilla de 20 cigarrillos (¢100 por unidad).
La ministra de Salud, María Luisa Ávila, dijo que esperaba que la ley fuera aprobada este año.
Giselle Amador, exdirectora del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) criticó la “falta de voluntad política” hacia ese proyecto.
La ley que esperan la organización Renata y el sector salud complementaría el Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud, el cual fue ratificado por Costa Rica el 7 de julio del 2008.