Ante el conflicto que vivimos con el Fondo Especial para la Educación Superior, es necesario resaltar que esta situación no puede ser reducida a una problemática meramente numérica y presupuestaria; es imperativo que en este escenario político, en donde el presupuesto universitario es tema relevante en la agenda política nacional, se logre enfocar el fondo de la problemática y no quedarnos solo en sus síntomas monetarios.
Ante el conflicto que vivimos con el Fondo Especial para la Educación Superior, es necesario resaltar que esta situación no puede ser reducida a una problemática meramente numérica y presupuestaria; es imperativo que en este escenario político, en donde el presupuesto universitario es tema relevante en la agenda política nacional, se logre enfocar el fondo de la problemática y no quedarnos solo en sus síntomas monetarios.
Soy estudiante de Economía en la Universidad Nacional y he sido parte del Movimiento Estudiantil Federado de esta casa de estudios durante 3 años, y me preocupa sobremanera que en los últimos meses han sobrado titulares de prensa en donde se presenta al Gobierno y las universidades en extremos opuestas de la mesa. Dichos titulares emplean frases sumamente irracionales como “El estado de la negociación es crítico” o “Universidades y Gobierno buscan alternativas al conflicto”. Colocando así a estos dos actores sociales en una especie de “ring de contiendas político-sociales”, similar a las peleas de boxeo, en donde el único objetivo de cada boxeador es derribar a su oponente.
Ante todo este alboroto de dimes y diretes, es decepcionante saber que la discusión no está girando sobre el fondo del problema, que obedece a la interrogante de ¿cuál debe ser la razón de la Educación Pública Universitaria?; más allá de preguntarse cuánto dinero se necesita para financiar o no a este sector, ¿alguien ha cuestionado objetivamente por qué financiarlo?
A mi parecer, el conflicto Gobierno-Universidad nace del desacople de las universidades estatales y la gestión de política pública. Para ilustrar mejor esta afirmación, voy a permitirme decir que la UNA tiene más de 600 proyectos de extensión e investigación, que el 72% de sus estudiantes son de zonas rurales, que más del 86% vienen de colegios públicos y al menos 7.500 estudiantes son becados. Además, los estudiantes de universidades estatales tenemos formaciones mucho más sólidas en aéreas como investigación, pensamiento crítico y visión humanista. Debido a un modelo pedagógico en que se asienta en la premisa de “Aprender a aprender”, con fuertes visiones sociales de la realidad.
Con estos datos es fácil entender que las universidades estatales alivianan la carga del Gobierno en muchas iniciativas de bien social, generación de pensamiento crítico y consciencia social. Ahora bien, ¿de qué sirve la producción académica de las universidades si no se pone a disposición de las autoridades gubernamentales para que sea utilizada como insumo primario en la gestión de la política nacional?
La pasada Administración de la República se enfocó en fortalecer el sistema productivo de nuestro país, invirtiendo en infraestructura vial, proyectos energéticos e innovación tecnológica en muchos sectores. Iniciativas que enrumban a Costa Rica en un camino hacia la revolución en nuestros sistemas de producción, haciendo de los descubrimientos académicos y científicos un insumo de gran valor para esta ardua labor.
En países desarrollados como Alemania y demás países europeos donde la Educación Superior es pública, cada vez que las universidades hacen descubrimientos científicos relevantes, el Gobierno los toma y los aplica en la generación de proyectos o iniciativas nacionales en los diversos ámbitos de la sociedad. En los países orientales que vienen en repunte económico como China, Singapur, Taiwán y demás, dentro de las grandes zonas industriales existen universidades que forman estudiantes para las diferentes ocupaciones que existen en esos campos industriales. El trabajo en equipo entre estos dos actores (universidades y Gobierno), no viola ningún principio de autonomía universitaria; por el contrario hace honor a los más puros principios universitarios de aporte al desarrollo integral del país.
Si el Gobierno logra consolidar una alianza oportuna y eficaz con las universidades estatales puede reducir su gasto en rubros como asesorías y peritajes, además se establecería una relación más sólida que promovería un excelente ambiente para el diálogo en momentos donde la economía se contrae y es necesario hacer ajustes en las finanzas públicas.
Cuando digo que no es un problema de dinero, es porque en lugar de hablar de números, presupuestos y cuentas bancarias, el gobierno y las universidades deberían estar discutiendo sobre asesorías, investigaciones académicas e innovación tecnológica, promoviendo la innovación estatal y desarrollando políticas emprendedoras,que, al fin y al cabo, para ser libres debemos ser competitivos.