Los grandes edificios públicos, su ubicación y arquitectura, constituyen un eficaz mecanismo de afectación del entorno urbano. Más allá del aporte estético de una obra bien diseñada, su mera presencia impacta los alrededores, contribuye a definir el uso del espacio y moldea la interacción de la ciudadanía con las instituciones. Un conjunto de esas edificaciones, emplazadas con sentido urbanístico y visión de futuro, puede decidir el derrotero de una ciudad.
Por eso, en las grandes capitales del mundo el desarrollo de semejantes obras se toma en serio, responde a una cuidadosa planificación y no es rara la adjudicación del contrato de diseño mediante concursos abiertos a la comunidad de arquitectos, no a la manera de una licitación común y corriente, sino con características de competencia artística y funcional. Gana el mejor diseño, el de mayor aporte estético, el más adecuado a la actividad proyectada y el más representativo de los valores asociados con la institución para cuyo funcionamiento fue concebida la construcción.
En Costa Rica no tenemos esa preocupación. La Casa Presidencial reside en las antiguas oficinas de una fábrica de fertilizantes; el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), en una pirámide que quiso ser Casa Presidencial, y está por verse si la Asamblea Legislativa se traslada a Zapote para ocupar un edificio de oficinas. ¿Por qué? Porque está disponible y urge sacar al parlamento de las precarias instalaciones de Cuesta de Moras, declaradas inhabitables por el Ministerio de Salud.
Las razones del Congreso se parecen mucho a las esgrimidas, en su momento, para el traslado de la Casa Presidencial. Las del TSE, cuando menos, sirvieron para el misericordioso rescate de una obra gris que por años afeó los alrededores del Parque Nacional. En consecuencia, ninguno de esos edificios refleja en particular el carácter de la institución que alberga, pocos hacen aportes al entorno urbano y algunos dificultan la interacción con el público.
La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), una entidad comprometida como pocas con el usuario, trasladará su sede de La Sabana a un parque de oficinas en Guachipelín de Escazú, mucho menos accesible para el común de la gente. La creación de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) y la transformación de la Aresep exigen espacio para ubicar al nuevo personal y un estudio de mercado identificó la disponibilidad del edificio en Guachipelín. Hasta ahí las razones y entre ellas, como es usual, no hay criterios de desarrollo urbano.
Existen, sin embargo, casos mucho más dramáticos. El crecimiento de la institución, como único y pobrísimo criterio para escoger nueva sede, a veces ni siquiera cumple el presupuesto básico: espacio suficiente para albergar a los funcionarios. Es el caso del nuevo edificio del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) ubicado detrás de la Contraloría General de la República, en La Sabana. Los empleados tardan hasta treinta minutos para subir a las plantas altas porque los ascensores no dan abasto y, desde el primer día, el edificio está ocupado a plena capacidad, aunque alberga al creciente sector de telecomunicaciones.
Las sumas invertidas, en todos los casos, son considerables. El ICE contrató la compra por $100 millones, Aresep pagará entre $142.000 y $170.000 mensuales de alquiler y el avalúo de la posible sede legislativa ronda los $25,3 millones. Buena parte de esas y otras sumas invertidas en edificios públicos en nada contribuirán a la recuperación y desarrollo del centro capitalino, que el Gobierno parece decidido a evacuar.
Lleva razón, entonces, el reclamo de Johnny Araya, alcalde de San José, publicado el domingo en estas páginas. “En el sector cercano al Parque Nacional hay suficiente espacio para construir nuevos edificios y, además, para rescatar los que son patrimonio cultural. De este modo la ciudadanía podría seguir identificando, espacial y políticamente, cuál es el centro de su democracia”. Así sería si tan solo aprendiéramos a reconocer el impacto de las decisiones presentes y a pensar en el futuro.