Hace veinte años surgió el tema interesante que hoy se debate de nuevo. Se impone a los nacionales costear la educación declarada gratuita por la Constitución: la preescolar, la general básica y la diversificada. La no declarada gratuita se entenderá pagada. ¿Quién, cuándo y cómo debe pagarla?
En este año de gracia del 2010 ha resurgido la gran cuestión batallona. Se modificó la Constitución y se incluyeron en ella toda clase de privilegios a las universidades públicas en materia presupuestaria. Basta leer el texto constitucional para percatarse de ello y, como era de esperar, dentro de esa zona de confort, se llegó a lo previsible: la pérdida de control del presupuesto por parte de las universidades públicas y, de rebote, del manejo del presupuesto nacional; las universidades públicas perdieron el sentido de la realidad nacional en que viven y se organizaron para gastar más allá de las posibilidades de la nación costarricense.
Claro como el sol. Los planteamientos, sobre todo el aparecido el domingo 1.° de agosto, hecho por los ministros a cargo de tan ingrata tarea, es claro como el sol: como les dijo Jesús a las madres de dos apóstoles que le pedían lo que no cabía darles: nescitis quid petatis (No sabéis lo que pedís). Los ministros le han planteado a las universidades públicas: el monto que piden no es posible financiarlo, 1° porque es demasiado alto y no guarda proporción con el crecimiento de las posibilidades financieras del país; 2° tampoco guarda proporción con el número de nuevos estudiantes admitidos en las universidades públicas; 3° el exceso grandísimo pedido es fundamentalmente para pago de planillas. Todo ello no es posible para el país al presente.
Hace un tiempo el ministro de Educación y D. Thelmo Vargas abundaron sobre la misma materia desde diversas perspectivas, bien fundadas. La semana pasada D. Francisco Villalobos, quien manifiesta querer mucho a su Alma Mater, sin embargo declara: “Soy de la U, pero hoy no voy con la U” y estima que “El aumento presupuestario que exigimos los universitarios debe dirigirse a la educación primaria y secundaria y entonces el Estado apoyaría a las familias cuando más necesitan su apoyo; precisamente cuando su mamá y su papá ganan menos”.
Los tugurios. D. Antonio Manzo, a su vez, vuelve con otra valiosa intervención a favor de la construcción de casas llamadas de interés social: los tugurios constituyen una muestra terrible de la falta de solidaridad social. Se toman fondos de ese tipo de vivienda para otros fines sociales y se olvidan- quienes así disponen - que si algo tiene prioridad son las casas que sustituyan a los tugurios por muchas razones que él expone el mismo domingo 1.° de agosto y que todos conocemos.
Hay fondos, pero son limitados. Siempre serán limitados. Necesariamente tienen que dedicarse a lo primario, importante y urgente. El árbol burocrático ha crecido hasta estorbar.
Los porcentajes que se incluyen en la Constitución deben suprimirse. Se convierten en la imposibilidad de que el Poder que debe guiar a esta nación, la Asamblea Legislativa, pueda ordenar cada año el presupuesto con sabiduría; queda maniatada; el Poder Ejecutivo ridiculizado porque se lo ata de manos y recibe exigencias y pedidos que superan sus posibilidades; las otras entidades que tienen porcentajes asegurados en la Constitución viven felices en su zona de confort sin participar de las congojas de la Patria; y el pueblo se siente desilusionado de ver cómo los de arriba –con poder decisorio– parecen haber perdido la sensibilidad social y las agallas para cambiar las cosas, para bien, cueste lo que cueste.
Se está en espera de sabias decisiones y de comenzar a ordenar las cosas en este contraste entre privilegios y desolación.