Muchas consecuencias funestas se derivarán de la discusión sobre el referéndum en torno a las uniones civiles de personas del mismo sexo, pero hay una que será rescatable: servirá para separar a quienes entienden lo que significa vivir en una democracia liberal, de quienes no lo hacen. Por democracia liberal entiendo un sistema de gobierno en que el ejercicio de la soberanía popular está limitado por un conjunto de derechos, cuya vigencia marca el límite de la acción legítima del estado.
Me sorprende que estemos debatiendo la posibilidad de someter a referéndum el contenido y la extensión de los derechos de quienes forman parejas del mismo sexo. Hubiera pensado que nuestra democracia estaba avisada de los enormes peligros que nacen de someter los derechos individuales al arbitrio de mayorías coyunturales, por democráticas que sean. A fin de cuentas el asunto no es nuevo. Lo tenía clarísimo James Madison al introducir la Carta de Derechos como parte de la Constitución de Estados Unidos en 1789. Ese acto de clarividencia alcanzó a inmunizar a su país contra ríos de sangre y montañas de cabezas como las que poco después arrojaría el terror de la Revolución Francesa, nacido y bendecido en el altar de la soberanía popular irrestricta.
Democracia directa. La democracia, en particular la directa, alberga un tremendo potencial autoritario cuando no está sujeta a límites definidos por una Constitución. En ausencia de ellos, se convierte en una patente de corso para que la mayoría triture los derechos de la minoría. Esa es una de las justificaciones de la justicia constitucional: la de ser un freno a las decisiones –aun decisiones democráticas– contrarias a los derechos fundamentales emanadas de los demás órganos del estado. Cuando Costa Rica adoptó la jurisdicción constitucional aceptó como parte de su sistema de gobierno una doctrina que limita particularmente el poder democrático en materia de derechos individuales, entre ellos el derecho a no ser discriminado sin que medie una buena razón. Ahora, en forma ominosa, estamos revirtiendo este principio cardinal de nuestro ordenamiento.
Si equivocado es el procedimiento escogido para dilucidar la discusión, mucho más lo son los argumentos ofrecidos por quienes promueven el referéndum. Ellos ya han aceptado que el proyecto en cuestión no equipara formalmente el matrimonio heterosexual y el matrimonio entre personas del mismo sexo. El problema, sostienen, es que aunque no haya una equiparación simbólica y ceremonial, la concesión de algunos derechos genera esa equivalencia en los hechos. Si el asunto es así, entonces lo que se está diciendo es que los miembros de parejas del mismo sexo no deben tener acceso a ciertos derechos en virtud de su orientación sexual. No es que las personas homosexuales paguen menos impuestos o tengan menor capacidad para ejercer sus derechos. Nada de eso: su orientación sexual, una condición natural, es la única base del tratamiento desigual. Eso no es distinto a los argumentos que ancestralmente negaron la igualdad de derechos a las mujeres, los negros, los indígenas o quienes no nacieron primogénitos. Salvo que medien otras razones, un accidente natural no puede ser una base aceptable para otorgar un acceso diferenciado a los derechos.
Algunas razones. Examinemos algunas de las razones esgrimidas. La justificación para dar un acceso exclusivo a algunos derechos a las parejas heterosexuales tiene que ver con la protección de la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer. ¿Protección ante qué? No lo tengo claro, pero presumo que se trata de asegurar el predominio futuro de ese tipo de unión, porque se estima esencial para la reproducción de la especie. Si esto fuera así, entonces hay una clara disonancia entre ese fin y el medio escogido para alcanzarlo. Porque lo cierto es que negarle a mis vecinos homosexuales el acceso a ciertos derechos de convivencia no me hace a mí, persona heterosexual, ni más ni menos propenso a casarme con alguien del sexo opuesto. Aún más, estoy seguro de que no hace a mis amigos homosexuales o a mis amigas lesbianas ni más ni menos dispuestas a formar parejas estables con alguien de su mismo sexo. Si el amor es genuino lo van a seguir haciendo, diga lo que diga la ley. Lo único que sucedería es que haríamos más onerosa su decisión. Buscar proteger por vías legales el predominio del matrimonio heterosexual es disparatado. Esa preponderancia depende de otras cosas, no de la ley. No sé cómo hará otra gente, pero yo nunca me senté a leer la Constitución antes de escoger a mis parejas.
Sobre la esencialidad del matrimonio heterosexual para la reproducción de la especie, solo diré que es notable que esto se siga repitiendo a pesar de la montaña de evidencia en contrario. Hace ya una década el 51% de los nacimientos en Costa Rica ocurrían fuera del matrimonio. Podemos pensar lo que queramos de esto, pero una cosa es indiscutible: los bebés ticos porfiadamente continúan naciendo sin importar cuál sea el estado civil de sus padres.
El peor argumento. Supongo que este asunto de la reproducción está en la base del peor de los argumentos, el del supuesto carácter antinatural de las uniones del mismo sexo. La definición de lo que es o no natural es un terreno pantanoso. Bastará recordar que la esclavitud fue por mucho tiempo considerada natural. Quien tenga dudas, que lea a Aristóteles. En Arabia Saudita, es considerado natural que el hombre le pegue a su esposa o la viole en el matrimonio, pero es antinatural que la mujer maneje. Lo natural muta con asombrosa facilidad según nos desplacemos en el tiempo y el espacio. Pero hay algo más profundo aquí. Al decir que algo es anti-natural, le estamos atribuyendo una connotación negativa. Estamos diciendo que algo –en este caso las relaciones estables con personas del mismo sexo– no es parte de la vida buena a la que toda persona debe aspirar.
Aquí topamos con un principio liberal fundamental: nadie debe tener la potestad de definir e imponer coercitivamente lo que ha de contar como vida buena para otras personas. Yo no estoy dispuesto a atribuirme ese derecho, como tampoco a entregárselo a nadie. Decidir libremente el contenido de la vida buena es la responsabilidad fundamental de cada uno de nosotros como ser humano. Esto es especialmente cierto sobre nuestros afectos y nuestra sexualidad. Salvo en el caso límite de violencia entre la pareja, el estado no tiene nada que hacer en el dormitorio de las personas.
Cuestión de tiempo. Quienes se oponen a las uniones civiles de personas del mismo sexo están librando una batalla que inevitablemente perderán en el largo plazo, como antes la perdieron quienes se opusieron a la emancipación de los esclavos, el sufragio de las mujeres o los derechos civiles de la población negra. Más aún, como la están perdiendo hoy, en otros países, incluso de América Latina, quienes insisten en discriminar a las personas por motivo de su orientación sexual. Los proponentes de este referéndum deben saber que, a lo sumo, están peleando por tiempo. Solo lamento que en ese vano intento vayan a obligar a nuestra sociedad a transitar por un muladar de oscurantismo, mojigatería y prejuicio, por un aquelarre que no debería tener lugar en una democracia liberal digna de tal nombre.