El Gobierno propone un impuesto de $200 a las sociedades anónimas para financiar renovados esfuerzos en el área de la seguridad ciudadana. La seguridad cuesta y a los ciudadanos nos corresponde pagarla. Son momentos difíciles para las finanzas públicas y la solución planteada por la Administración parece sensata.
Contra la propuesta se esgrimen argumentos poco convincentes. Primero, el incremento del costo de hacer negocios y el supuesto desaliento a la inversión. El monto, sin embargo, es tan bajo que cuesta imaginarlo gravitando sobre decisiones empresariales de gran envergadura. Los beneficios derivados de organizar los negocios en el marco de una persona jurídica bien valen $200 anuales y mucho más.
Un segundo argumento es señalar la función asignada a muchas sociedades como simples depositarias de otros bienes, entre ellos vehículos y viviendas, sin ánimo de dedicarlas a verdaderas actividades productivas. Es una forma de ordenar los haberes, pero también de evadir, por vías legales, los impuestos de traspaso y otras obligaciones. Si se vende el bien, simplemente se traspasan las acciones y aquí paz y en el cielo gloria.
Ese motivo, uno de los más frecuentes para la existencia de sociedades no productivas, es un argumento a favor del impuesto, no en su contra. Si no es posible clausurar el portillo legal para la evasión, bien se justifica cobrar por su existencia. La suma, dicho sea de paso, resulta módica en relación con el costo evadido.
Otras sociedades fueron creadas con intención de hacer negocios y una vez abandonado el propósito inicial, permanecen en el Registro Público, a costas del Estado, sin arte ni beneficio. La posibilidad de cancelar las inscripciones y despejar los registros obsoletos es otro argumento a favor del tributo. Sus proponentes estiman en un 35% el número de personas jurídicas ociosas, carentes de interés para sus propietarios.
La razón más importante, sin embargo, es la necesidad de multiplicar el número de integrantes de la Fuerza Pública y equiparlos con suficiencia para la labor de vigilancia y prevención. Según la presidenta Chinchilla, el país necesita entre 20.000 y 25.000 policías, pero solo cuenta con 10.000. El costo del dramático aumento en planilla no puede salir de los actuales recursos del Estado, sumido en un preocupante déficit presupuestario cuya atención exigirá nuevos ingresos.
Si el Gobierno está dispuesto a destinar los ingresos del nuevo tributo a la lucha contra la delincuencia, merece ser tomado en serio. La tentación es crear impuestos para cerrar el déficit, no para destinarlos a nuevos servicios. La buena voluntad debe ser recompensada.