La disputa entre la Asamblea Legislativa y la ministra de Salud, María Luisa Ávila, merece sitial de honor en el inventario de episodios pintorescos de la vida política nacional. El desacuerdo es absoluto y ya nadie sabe por qué. Los diputados insisten en que la Ministra pretende cerrar el Parlamento, pero ella lo niega. Los diez días de plazo otorgados en la más reciente resolución de su despacho se refieren al tiempo disponible para ejecutar una inspección de las 40 oficinas declaradas insalubres, no para echar candado a Cuesta de Moras. La idea, dice Ávila, es verificar el progreso de las mejoras necesarias.
Los legisladores no escuchan esas razones y achacan a la Ministra un ánimo de revancha porque a inicios de junio la obligaron a comparecer para explicar el faltante de leche en polvo en los centros de nutrición infantil. La Ministra desmiente la represalia y dice que solo pretende una pareja aplicación de la ley. Los diputados no están convencidos y adoptan la dramática medida de plantear una moción de censura cuya función es manifestar el más alto grado de enojo, porque la Constitución Política no prevé otros efectos concretos.
El pleito consumió el primer día de sesiones extraordinarias, incrementó las tensiones ya existentes entre el Congreso y el Poder Ejecutivo y obligó a la Casa Presidencial a sumarse a las explicaciones de la Ministra. Ya nada le falta al conflicto salvo la madurez política y la sensatez añoradas por la ciudadanía.
La Asamblea Legislativa lleva años de quejarse del edificio adonde está confinada por obra de su propia cortedad de visión y el parroquial razonamiento de otros sectores, incluida una parte de la prensa, siempre desconfiada del gasto público cuando puede parecer un “lujo”. La argumentación del Congreso no ha estado ayuna de desesperanzadores diagnósticos sobre los riesgos del recinto actual. La Ministra, por otra parte, actuó motivada por una denuncia del sindicato de trabajadores legislativos recibida el mismo día de la obligada comparecencia. Los hechos aconsejan darle, cuando menos, el beneficio de la duda.
La ley, dice la funcionaria, no está hecha para conceder excepciones odiosas y el edificio del Parlamento carece de las condiciones indispensables para mantenerse en operación. En este caso, sin embargo, de algo vale que se trate del Congreso, no porque su condición de Primer Poder de la República lo sitúe por encima de la ley, sino porque su funcionamiento es indispensable para la buena administración pública. La flexibilidad, en el caso concreto, no implica una prebenda para nadie, sino una medida fundada en la prudente ponderación de las circunstancias y la conveniencia pública.
Es imposible determinar las íntimas motivaciones de la Ministra y de los diputados. Imposible establecer si al cuadro fáctico se añaden deseos de revancha o si existe, más bien, entre los legisladores, la intención de confundir la recta aplicación de la ley con una rabieta infundada. Los hechos, sin embargo, indican que la disputa se transformó en un pulso, una prueba de poder donde el propósito de prevalecer nubla la cuestión de fondo y aleja la posibilidad de acuerdo.
Ni la Asamblea debe dejar de actuar, ni una funcionaria de demostrado valor, como la ministra Ávila, debe dejar su cargo. El Congreso ya inició labores de reparación y tramita, quizá con algo de precipitación, la compra de una nueva sede. Faltan días para la nueva inspección sanitaria y en ese momento habrá oportunidad para sopesar las mejoras, establecer nuevos requerimientos, si los hubiere, y dejar que la Asamblea Legislativa cumpla sus funciones.