El proyecto para eliminar la minería a cielo abierto en el país avanzó ayer en el Congreso y pasará de la Comisión de Ambiente al plenario la próxima semana luego de recibir dictamen positivo unánime.
El plan es una iniciativa impulsada por el Frente Amplio y negociada con el Poder Ejecutivo, como parte de una agenda de consenso. El proyecto se discute en el expediente 15.948.
“Con este proyecto se cierra el portillo para nuevas concesiones y, si alguna empresa perdiera la que tiene, no la podría pedir nuevamente. Además, en el momento en que se apruebe el proyecto de ley quedan sin efecto las solicitudes que están pendientes”, dijo ayer el diputado del Frente Amplio, José María Villalta.
Sobre el plan, el congresista del Partido Unidad Social Cristiana, José Roberto Rodríguez, recalcó que se busca salvaguardar los intereses de pequeños asentamientos mineros que no utilizan químicos para extraer el oro y, al mismo tiempo, se protege la naturaleza.
La propuesta responde a un clamor de la ciudadanía, según dijo el congresista del Movimiento Libertario, Ernesto Chavarría, al leer el informe de la subcomisión que dio el visto bueno al proyecto.
Polémica. El avance de la iniciativa se da en medio de la polémica generada a raíz de la ratificación del permiso estatal para la operación de la mina Crucitas en el pueblo del mismo nombre, ubicado en el cantón alajuelense de San Carlos.
El 27 de julio la presidenta de la República, Laura Chinchilla, anunció que el Gobierno no eliminará la concesión otorgada a la empresa de capital canadiense Industrias Infinito, para que explote la mina.
La mandataria, acompañada por el vicepresidente Alfio Piva y el ministro de la Presidencia, Marco Vargas, anunció ese día que la decisión de no revocar el permiso a Infinito se daba para evitar el pago de una indemnización que podría alcanzar los $1.700 millones
En Crucitas se pretende extraer 700.000 onzas de oro a cielo abierto, lo que equivaldría hoy a recursos por $836 millones.
Actualmente los trabajos en la mina están paralizados pues el Tribunal Contencioso Administrativo de Goicoechea estudia una denuncia contra los permisos dados a la firma canadiense.
La concesión para explotar oro en Crucitas data del 2001 y la ratificó Óscar Arias en el 2008.