La conservación de los recursos naturales como estrategia de desarrollo es generadora de grandes beneficios para el país.
Ello se desprende del análisis del aporte de parques nacionales y reservas biológicas al bienestar económico y social de Costa Rica.
Solo en el 2009 las áreas protegidas generaron ¢778.148 millones, reveló un estudio del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional (Cinpe-UNA), divulgado ayer.
Queda demostrado que estas áreas no solo brindan servicios ecológicos, sino también económicos y sociales.
Esto se ve reflejado en dos actividades primordiales: el turismo, con ¢546.136 millones (70,18% de los aportes), y la generación hidroeléctrica, con ¢205.242 millones (26,38%).
Según dijo Guiselle Méndez, directora del Sistema de Áreas de Conservación (Sinac), el país posee 169 áreas protegidas, y de estas 28 corresponden a parques nacionales. Esto equivale a tener un 26% del territorio nacional bajo alguna forma de manejo.
Tres casos de estudio. La investigación dio cuenta de tres parques nacionales del Pacífico que nunca habían cuantificado los beneficios económicos asociados a su existencia en la comunidad.
Se analizaron datos sobre Rincón de la Vieja y Palo Verde, en Guanacaste, así como para Corcovado e isla del Caño, en Osa.
Estos sitios protegidos son reconocidos por su riqueza biológica y paisajística dadas por un volcán activo con fumarolas, un humedal que funciona como refugio de aves migratorias y uno de los puntos con mayor densidad de especies por área en el mundo.
En cada caso, el estudio evaluó el valor agregado de las áreas protegidas en la producción de bienes y servicios en los ámbitos internacional, regional, nacional y local.
Corcovado fue el que más contribuyó con ¢48.197 millones, al beneficiar tanto a proveedores de servicios nacionales como locales.
Le sigue Rincón de la Vieja, con ¢12.770 millones. Sus aportes quedaron mayoritariamente en el extranjero, en agencias de viajes y operadores de tours.
Por último, Palo Verde cooperó con ¢1.106 millones, que ayudaron a agencias de alquiler de autos, operadores de tours y agencias de viajes asentadas en suelo nacional.
Para Gerardo Jiménez, director del Cinpe-UNA, las comunidades aledañas a las áreas protegidas son fundamentales para su gestión.
Por eso, los expertos recomendaron impulsar esquemas innovadores que logren complementar la conservación con el desarrollo.
Así se facilitaría la conformación de conglomerados de actividades socioeconómicas o clusters alrededor de un parque nacional o reserva biológica en beneficio de las comunidades que circundan estos sitios, dándole a los vecinos una oportunidad de desarrollo y actividades que mejoren la calidad de vida de sus familias.
Igualmente, Jiménez destacó la importancia de diversificar estas actividades para no depender únicamente del turismo.
Otra de las recomendaciones dadas por el reporte es implementar un sistema de contribución obligada de los sectores favorecidos por los parques nacionales y reservas biológicas, de tal forma que puedan retribuir a estas áreas por los servicios brindados.
Finalizado el trabajo, Cinpe-UNA puso a disposición la metodología de análisis, a fin de que el Sinac lo aplique en otras áreas protegidas.
Para realizar el estudio, se contó con el apoyo del Sinac y el Programa de Cooperación Sur-Sur de Fundecooperación, gracias a fondos del Reino de los Países Bajos.