El Gobierno está en una carrera contra el tiempo porque tiene tres meses para concretar la apertura de la telefonía celular, pues así lo dispuso la Sala Constitucional.
Por unanimidad, los magistrados ordenaron “coordinar acciones para realizar de manera efectiva y concluir los concursos públicos para el otorgamiento de las concesiones de banda de frecuencia de telefonía celular”, según un comunicado de prensa distribuido ayer.
El voto es el número 12790-2010 del 30 de julio.
La disposición es para el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet), Ministerio de la Presidencia, Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) e Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Como argumento, los magistrados sostuvieron que ha pasado un lapso excesivo o irrazonable en la confección del cartel, su publicación y la conclusión de los concursos públicos para otorgar en concesión esas bandas.
El recurso de amparo que votó la Sala lo presentó Juan Manuel Campos, gerente de la consultora Ciber-Regulación, dedicada a dar asesorías en telecomunicaciones.
El plazo empezará a regir desde que las partes sean notificadas.
George Miley, presidente del consejo de Sutel, indicó que debe revisar la resolución con los técnicos y abogados de esa Superintendencia para definir lo que sigue.
“Estamos obligados a acatar lo que diga la Sala, pero aquí también hay plazos de ley que deben respetarse. Me refiero a los plazos para recibir las ofertas, para adjudicar y refrendar el contrato. La publicación del cartel para dar en concesión las frecuencias celulares está programada para mediados de este mes”, añadió Miley.
Si no hay apelaciones, eso podría tardar al menos seis meses.
Hannia Vega, viceministra de Telecomunicaciones, insistió ayer que el Poder Ejecutivo y la administración han realizado todas las medidas necesarias para acelerar este proceso y enfatizó que a esta altura no se deben dar atrasos.
Elbert Durán, vocero del ICE, únicamente manifestó que la resolución de la Sala “se va a acatar en la medida de la posible”.
Juan Manuel Campos dijo que el recurso lo interpuso hace un año.
“En el amparo nosotros alegamos que se violenta la libertad de elección de los consumidores, la cual fue garantizada con la ratificación del TLC mediante el referendo”, expresó el recurrente.
La competencia en el mercado de telecomunicaciones se aprobó en octubre del 2007 en el referendo popular sobre el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (TLC). Hay cinco empresas interesadas en dar el servicio.