Al gerente de relaciones corporativas de Industrias Infinito, le debe haber ocurrido, con la histórica pifia del primer vicepresidente Piva, lo que le pasó a un cliente de mi padre, hace muchísimos años, cuando vendió su finca a la orilla de la playa. Él pedía un millón, mientras que los compradores –un par de gringos–, exigían una rebaja. Finalmente, aceptaron y le pagaron lo que pedía. Solo que el cheque era por un millón de dólares y no de colones, como creía don Víctor, que, de la impresión, no podía firmar.
El periodista Alvaro Murillo describe jugosamente, en La Nación del 27 de julio, la reacción del gerente, Juan Carlos Obando, cuando supo que el Gobierno, a través de don Alfio, estimaba en $1.700 millones la posible indemnización a pagar, en caso de cierre de Las Crucitas.
Bajo el impacto de semejante regalo, la primera reacción de Obando fue honrada y sincera: “afirmó que era una cifra muy alta”, con lo que se dice todo. Luego, ya medio repuesto del susto, “dijo que los cálculos de la firma se acercaban a esa estimación”. Se le salió el vivo. Y ya “Avivato” del todo, “al final aseguró que su empresa maneja $1.800 millones como posible indemnización...”. Si lo dejan, la sube a $3.000 millones. “No me den, pónganme donde hay”, decía Cantinflas.
Crucitas evidencia la endeblez del Estado de derecho y la falta de columna vertebral de nuestros gobernantes. Primero, porque –como se ha venido a comprobar luego y ahora lo reconoce la tal Comisión–, los daños de la mina son graves, objetivos y hasta peligrosos. Sin embargo, tanto el anterior Gobierno como el actual, no han vacilado en mantenerle la declaratoria de interés público y de beneficio nacional. Segundo, porque con tal conducta ni hay firmeza, ni honestidad política; y en cuanto al anterior Gobierno, es un nuevo ejemplo de doblez ética –dijo una cosa e hizo otra– y cantó loas a la naturaleza en el exterior, mientras en el interior mutilaba la riqueza ecológica.
La actuación del Vicepresidente, entregando gratis a Costa Rica a la empresa minera, es una ignominia. Pese a reconocer el daño ecológico que conlleva, sin discusión ni análisis del informe de la Comisión nombrada (¿quiénes la integran, qué estudios avalan su dicho y cuáles han sido sus cálculos concretos y sobre qué base?), reconoció de buenas a primeras, dizque manos arriba, una gigantesca indemnización con la que ni la misma empresa soñaba. En una frase, nuestro representante (por lo demás excelente persona), sin consultarlo siquiera con el Ministro y con la Presidenta, entregó los intereses del país. Con defensores así, para qué enemigos.
Por una pifia mucho menor, en Inglaterra y Francia ya lo habrían devuelto al INBio, a cuidar ovejas y no repúblicas.