Los comentarios de don Jorge Guardia (“Desigualdad o pobreza” en La Nación, 26 de julio de 2010, 28A) me permiten abundar en la relación entre la erradicación de la pobreza, no digo disminución intencionalmente, y reducción de la desigualdad social, no digo de ingresos solamente.
Los comentarios de don Jorge Guardia (“Desigualdad o pobreza” en La Nación, 26 de julio de 2010, 28A) me permiten abundar en la relación entre la erradicación de la pobreza, no digo disminución intencionalmente, y reducción de la desigualdad social, no digo de ingresos solamente.
Mi argumento anterior señalaba que en las evaluaciones sobre el desarrollo en el plano internacional cada vez cobra más importancia el tema de la desigualdad. Se entiende entonces que para avanzar en desarrollo integral (no solo crecimiento económico) es necesario librar batallas contra la desigualdad social en sus múltiples formas, incluida la desigualdad de ingresos.
Señalaba que para avanzar hacia ese destino, Costa Rica –que no ha mejorado nada en medio siglo en materia de concentración de ingresos–podía recorrer un camino de doble carril: aumentando la asignación de transferencias directas hacia los más empobrecidos (o lo que es lo mismo procurando la erradicación de la pobreza por ingresos) y extendiendo la base de recursos fiscales disponibles a partir de una mayor y más justa recaudación de impuestos. Lo que no veo es por donde esto significa “imponer igualdad a rajatabla”.
Dos frentes. En este sentido mi argumento anterior respondía de antemano la pregunta de don Jorge: “¿qué es más necesario, reducir pobreza o combatir desigualdad?”. En mi opinión la pregunta es el problema, porque no se trata de escoger sino de obtener resultados positivos en ambos frentes. Hacerlo es imperativo para el país, porque en los dos propósitos no ha encontrado soluciones duraderas: un cuarto de siglo sin reducir la pobreza y medio siglo sin mejoras de equidad.
Concuerdo con Jorge Guardia en que la solución debe ser práctica y no puede suponer graves desincentivos para la producción o el trabajo. Sin duda alguna.
Una mirada al amplio conjunto de programas sociales selectivos indica que la política costarricense de transferencias hacia los más pobres tiene suficientes sistemas de control y criterios de selectividad como para no incurrir en groseras distorsiones entre el objetivo del programa y los beneficiarios finales (conociendo que existen incidentes de filtración que muchas veces son identificables justamente porque hay sistemas de control).
Con todo se puede mejorar mucho este sistema a partir de la optimización y armonización de los programas y de su acción coordinada al mayor nivel posible, como propuso la anterior administración.
Pero no debemos olvidar que por bueno que sea su desempeño estos programas están dirigidos a atender a las víctimas de la pobreza y la exclusión y no a enfrentar sus causas primarias, que solo se corrigen en el contexto de mecanismos intensivos en generación de empleo estable y bien remunerado.
Lo más preocupante es lo que estamos haciendo del lado de la lucha contra la desigualdad. Muy poco en materia de equidad de ingresos (porque nuestra estructura tributaria no recoge suficientes impuestos a las rentas en general, pero muy especialmente a las de los sectores y actividades de mayor dinamismo) y de otras desigualdades.
Reducir desigualdad. Por eso, nos resulta muy oportuno el llamado del Primer Informe de Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe del PNUD, presentado en Costa Rica el pasado 23 de julio, sobre la importancia de disponer de políticas públicas dirigidas ex profeso a reducir los niveles de desigualdad social de la región.
Reconociendo que se trata de acciones que van desde la democracia hasta el mercado, y desde los individuos hasta el Estado, pasando por las familias, el informe quiere contribuir “a que la igualdad esté en el centro del debate sobre las políticas públicas y propone medidas específicas que favorezcan la reducción de este fenómeno y, por tanto, una mayor eficacia en el combate a la pobreza, un crecimiento económico acompañado de mayor inclusión, una mayor eficacia en el funcionamiento del Estado y una mejor calidad en los sistemas de representación política”.
Pero toda decisión conlleva riesgos, y ciertamente las políticas para la reducción de la desigualdad tendrán los suyos. Don Jorge Guardia se preocupa de los efectos negativos sobre los incentivos para producir y advierte la importancia de discutir en concreto sobre metas y no en abstracto sobre conceptos. Creo que en eso una vez más tiene razón.
Para abundar en los temas del impacto, le recuerdo un dato calculado por el equipo de Paes de Barros del Instituto de Investigación Económica Aplicada unos años atrás: para erradicar la pobreza extrema en Centroamérica (que es lo mismo que desaparecer el hambre) alcanza con distribuir el equivalente al 2% del ingreso total de las familias. Nada más. Y' ¿por qué tan poco?, porque de ese tamaño es en esta región de injusticias la desproporcionada “captura” de ingreso entre los que más tienen. De ahí que es mucho lo que puede hacerse antes de “empobrecer” a los ricos.
Descartar políticas en materia de lucha contra la desigualdad puede, a la larga, ser mucho más oneroso, política y económicamente, que una expansión razonable y justificada de transferencias a los más pobres e impuestos a las rentas de los más favorecidos.