El alcalde, un exalcalde y dos regidores de la Municipalidad de Carrillo, Guanacaste, omitieron reportar a la Contraloría General de la República haber recibido ingresos que suman ¢570 millones, entre los cuatro, del 2006 al 2008.
Así se desprende de una denuncia enviada por la Contraloría a la Fiscalía de Delitos Económicos, la cual abrió una investigación para determinar si hubo falsedad en las declaraciones juradas que, por ley, ese tipo de funcionarios debe rendir cada año sobre su patrimonio.
Dicho delito se castiga con una pena de seis meses a un año de cárcel cuando los datos son ocultados en forma deliberada (esta sanción puede transformarse en libertad condicional).
Los denunciados son Carlos Gerardo Cantillo Álvarez, alcalde actual; los regidores Claudio Franklin Rivas y René Eulogio Contreras Sandoval, así como José María Guevara Navarrete (quien fungió como alcalde en el período 2003-2007). La Fiscalía los indagó hace dos meses.
Consultados por este medio, los cuatro alegaron que omitieron los datos porque no sabían cómo hacer bien las declaraciones.
Además, negaron que existan actuaciones “oscuras” pues, según dijeron, los ingresos provienen de actividades empresariales que pueden demostrar.
El dinero no reportado corresponde a depósitos en las cuentas corrientes y a certificados a plazo colocados en bancos nacionales.
Estos ingresos fueron hallados cuando la Contraloría comparó sus declaraciones de bienes con sus movimientos bancarios reales.
En el caso del Alcalde, quien además es el candidato de Liberación Nacional (PLN) a la reelección para el período del 2011 al 2016, la Contraloría encontró que no informó de casi ¢300 millones que entraron a sus cuentas bancarias o que depositó en certificados a plazo.
Al regidor Rivas, la Contraloría le señaló una omisión de ¢91 millones y a Contreras, otra de ¢108 millones. En tanto, el análisis determinó que el exalcalde Guevara no reportó más de ¢70 millones en su última declaración.
La Contraloría también llamó la atención sobre movimientos por más de $11 millones hechos por el alcalde Cantillo antes de que asumiera el cargo. Él sostuvo que obedecen a su antigua actividad como director financiero de la cadena de supermercados Supercompro.
Donación. El órgano contralor además logró identificar que el Alcalde recibió un depósito de ¢1,2 millones, en diciembre del 2006, de parte de la firma Altroinvestire.
Sobre este, Cantillo reconoció que se trató de una donación a su campaña por parte de una empresa con apartamentos en playas del Coco, pero no la notificó al TSE porque no cobró deuda política.
El Ayuntamiento tiene jurisdicción sobre poblaciones como Filadelfia, Belén y sitios turísticos como playas del Coco y Panamá.
La Contraloría recomendó suspender temporalmente a los investigados, pero la Fiscalía no lo ha considerado necesario. En tanto, el partido Frente Amplio cuestionó la candidatura de Cantillo.
Desde el 2004, la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito obliga a los funcionarios públicos de alto cargo a presentar una declaración anual de sus bienes ante la Contraloría.
Los reportes deben incluir datos como propiedades, ingresos, certificados bancarios y participación en sociedades anónimas.
Si el órgano contralor detecta omisiones, pueden entablar sanciones administrativas, como el despido, o trasladar el caso al Ministerio Público.