El fortalecimiento de los gobiernos locales es una aspiración de la que durante muchos años se ha hablado mucho y por la que se ha hecho relativamente poco. Esto pese a que en las campañas electorales era usual que los partidos políticos emitieran altisonantes proclamas a favor de las municipalidades y la descentralización.
Pero llegada la hora de actuar, de pasar de las palabras a los hechos, todos parecían olvidar sus compromisos. Esto cambió en marzo de este año, cuando la Asamblea Legislativa aprobó en forma unánime la Ley de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades, iniciativa del Poder Ejecutivo originada en la propuesta de Gobierno presentada al país por el Partido Liberación Nacional.
Este no solo fue un acto de justicia después de tantos años de espera para concretar la reforma al artículo 170 de la Constitución Política en la que precisamente se hacía explícita esa aspiración de iniciar un proceso efectivo de descentralización, sino que el hecho de que se ratificara sin votos en contra o abstenciones fue una muestra de la convicción nacional respecto a este tema. Ahora lo que sigue es plantear una primera ley en la que se definan las competencias y los recursos correspondientes que se deben trasladar.
Esto debe hacerse de manera ordenada y asegurándose de que se cumplan todos los requisitos legales, pero debe hacerse sin pausa y con decisión. Pero sobre todo, debe hacerse en conjunto con las municipalidades.
Compromiso político. El primer paso hacia la descentralización no puede darse desde una óptica centralista. Si bien la responsabilidad legal de liderar el proceso le corresponde a Mideplan, existe un ámbito político que este Ministerio no puede desconocer. Y el municipalismo necesita, además de orden y criterios técnicos, un compromiso político claro que se concrete en un proceso fluido y sin vacilaciones.
Sobre la definición de las competencias y recursos que pueden trasladarse y la capacidad de cada municipalidad para asumirlas existe amplia información en el país.
Organizaciones como la Unión Nacional de Gobiernos Locales, la Asociación Nacional de Alcaldes e Intendentes, instituciones de la cooperación internacional como DEMUCA, PNUD, UN-Hábitat, por mencionar algunas, y el mismo Ministerio de Planificación y el programa FOMUDE han generado información diversa, sistemática y completa sobre las Municipalidades del país, sus aspiraciones, debilidades y fortalezas.
Y estos son los actores que durante muchos años han venido empujando el tema y están más que dispuestos a colaborar en lo que sea para echar a andar el proceso.
Los elementos necesarios para iniciar el proceso ya existen. Se han venido construyendo a lo largo de los años. Es cuestión de buscarlos. Es cuestión de preguntar a quienes durante todo este tiempo han estado comprometidos con el ideal de la descentralización. No es necesario empezar de cero. No se puede esperar para fortalecer a las Municipalidades.
Los límites del modelo centralizado son más que evidentes. Iniciar este proceso con decisión, pero sobre todo con convicción y compromiso político, es vital. El Gobierno actual envió una señal estimulante cuando nombró un ministro de Descentralización y Gobiernos Locales. Ahora lo que sigue es concretar esa voluntad política.
Por la democratización de la vida ciudadana, por la ampliación de la participación popular, por empezar a construir un país desarrollado, no se puede prolongar innecesariamente un proceso que ya cuenta con todos los elementos necesarios para echarse a andar. En marzo de este año se dio un paso gigantesco y no podemos retroceder.