El país se apresta a invertir $200 millones en infraestructura para descarga, almacenamiento y distribución de búnker en la costa del Pacífico. El proyecto alimentará, parcialmente, a la nueva planta de generación térmica instalada en Montes de Oro, Puntarenas.
El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) cuenta con los 200 megavatios generados por la planta puntarenense para incrementar la seguridad energética del país y alejar el riesgo de desabastecimiento, pero el costo ecológico de esa seguridad es alto. La planta quemará 122 millones de litros de combustible fósil al año y su abastecimiento, entre diciembre del 2010 y octubre del 2011, exigirá 18.180 viajes de camiones cisterna cuyo punto de partida son las instalaciones portuarias de Limón.
La nueva infraestructura puntarenense disminuirá la necesidad de acarreo terrestre y abaratará los costos, pero no es posible calcular hasta dónde. “En este momento, no podría indicarse qué porcentaje del suministro se realizará por Caldera, pues eso se decidirá con base en los precios de importación por el Pacífico, la disponibilidad del puerto y otras situaciones logísticas”, explica Luis Carlos Solera, jefe de estudios económicos de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).
En consecuencia, siempre habrá acarreo, deterioro de carreteras, aumento de los riesgos viales y quema de combustible para mover las cisternas. La descarga de búnker frente a la costa puntarenense se hará con todas las previsiones de seguridad, pero nada garantiza la imposibilidad de un derrame. Los vecinos de Barranca deberán convivir con un tanque capaz de almacenar 100.000 barriles de búnker y los terrenos aledaños soportarán el tendido de la tubería necesaria para llevar el combustible hasta la planta, también con inevitables riesgos de derrame, pese a las previsiones de rigor. Si todo sale bien, el país se habrá ganado, con relativa pulcritud, el derecho a emitir hacia la atmósfera los gases liberados por 122 millones de litros de búnker al año.
Las declaraciones del funcionario de Recope también apuntan a las incertidumbres propias de nuestra dependencia del petróleo. Haremos la inversión sin saber hasta dónde el mercado internacional podrá llenar las necesidades en la costa pacífica y a qué precio. Dependiendo de esas y otras condiciones, podríamos vernos obligados a comprar en el Atlántico y costear el transporte por tierra o por el canal de Panamá. Todo esto sin mencionar siquiera la volatilidad del precio internacional del petróleo, cuyo último susto no fue el del año antepasado.
El ICE y Recope no son los villanos de la historia. Por el contrario, están haciendo lo mejor en las circunstancias, pendiente una explicación de las razones para ubicar la planta generadora en la costa opuesta a los habituales puertos de abastecimiento. Los riesgos y los dañinos efectos ambientales son propios de la generación térmica. Con toda seguridad, las dos instituciones intentarán manejarlos con el cuidado del caso.
La producción de la nueva planta, por otra parte, es indiscutiblemente necesaria, aunque haya dudas sobre su ubicación. Sin embargo, el repaso de las consecuencias negativas y los peligros involucrados es necesario para poner en discusión, una vez más, la timidez de las políticas energéticas nacionales, tan limitadas en la búsqueda de fuentes alternativas, más limpias y, a la larga, más confiables y baratas.
La lista de inconvenientes resalta, también, la ironía implícita en la oposición ecologista a la explotación de fuentes energéticas abundantes en el país, como la geotermia. Según cálculos del ICE, si la Asamblea Legislativa flexibilizara la explotación de la geotermia, Costa Rica estaría a las puertas de contar con otros 1.000 megavatios de electricidad, suficientes para sustituir buena parte de la producción basada en hidrocarburos. En las circunstancias actuales, el componente geotérmico de los ambiciosos planes de expansión del ICE apenas representa un 2% del total proyectado. Se trata de escasos 35 megavatios generados por un solo proyecto, el de Pailas.