Muy emotivo, el artículo del colega Wilbert Arroyo en este medio (Foro, 12/07/10). Efectivamente, añicos resultan “los sueños de convertir a San Pedro en la primera ciudad universitaria del país” y de una “sana convivencia' toda una lacra fue apoderándose de la apacible zona de descanso y tertulia”. ¡Lástima! En otro momento tengo que esbozar una serie de sugerencias positivas respecto de ese binomio “San Pedro de Montes de Oca – UCR”, pero aquí, paciente lector, me mueve la urgencia de denunciar otro flagrante abuso contra el ciudadano, sí, usted y yo, que a veces involuntariamente debemos transitar o vivir por allí.
El bar de cuyo nombre no quise acordarme tampoco en una instancia anterior volvió por las andadas “gracias” a un pronunciamiento judicial. Acuciosos caballeros me comunicaron la infausta noticia, allí donde un feliz aviso azul del Ministerio de Salud, igual para otro local, instruyó a la ciudadanía del cierre, hace unas semanas. Así se construye un país saludable, en el sentido integral que la OMS defiende.
No, por favor, no estoy en contra del libre comercio ni en contra de la existencia de bares. El problema es el exceso, monocorde, sin otra cosa y el desbordamiento del ruido, en la calle de todos. Pero en este país de abogados (como nos lo recordó con sarcasmo hace poco don Julio Rodríguez, “porque eso explica muchas cosas”), lo sorprendente es que un preclaro juez decidió, muy olímpicamente, pasarse por encima de las instrucciones del citado Ministerio y volver a abrir la caja de Pandora, ruido y la citada “lacra” incluidos.
Desde luego, cabe defender el Estado de derecho; aplaudo a abogados como Sonia Picado que me enseñaron que ese saber puede contribuir –y en mucho– a poner a derecho, a mejorar la ciudadanía. Pero uno como lego no entiende cómo un juez simplemente le socava la tabla al Ministerio de Salud (MSP), serruchando su ya menguada autoridad.
Por este matutino, ante la Alcaldía y ante el MSP, yo he sido y seguiré siendo denunciante formal del escándalo constante, entre otros del bar en cuestión. Pero no me ha llegado ninguna información oficial, ningún criterio de reapertura (con “bombos y platillos”, cómo no). Como sea, he sabido que por instrucciones judiciales el citado local debe ser sometido a quincenales mediciones sónicas' claro, por el agente técnico, solo que recién serruchado, el MSP. Señores y señoras de Salud, arrodíllense, obedezcan, sepan que donde manda un juez no manda su ministerio'
Ahora bien, a como he facilitado que desde mi propiedad se hiciera ya tanta medición, sugiero que el órgano judicial aludido también consideren a la ciudadanía vilipendiada, atropellada e ignorada.
Más allá de mediciones que por casualidad salen jurídicamente dentro de márgenes “tolerables”, que el MSP considere también que en otros momentos hasta cimbran los ventanales de las propiedades' y queremos descansar'. ¿o es que según la señora juez solo el comercio tiene derechos?