La negociación para dotar de recursos al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) nunca ha sido fácil. Es un proceso extraordinariamente duro porque tiene una inusual particularidad: todos los participantes tienen razón.
¿Cómo es posible que suceda algo así? Las universidades por ejemplo, tienen razón de solicitar más recursos. Aun cuando el país ya invierte en educación superior un porcentaje del PIB similar al promedio de los países de la OCDE –alrededor de un 1.1%-- Canadá, Corea y Estados Unidos asignan un porcentaje de entre 2.5 y 2.9, rango que debería constituir una aspiración para un país que pretende insertarse de manera exitosa en una economía que como la contemporánea está fundada en el conocimiento.
La inversión en educación superior pública es requisito para el desarrollo y debe recibir todo el apoyo necesario para que se convierta en la locomotora que tire de los sueños nacionales de una mejor calidad de vida para la población.
Pero, el Gobierno también tiene razón. No es posible acceder a la solicitud de las universidades. El país solo puede asignar los recursos que produce; si la economía crece un 5% no es posible comprometerse a garantizar un crecimiento de los presupuestos universitarios de un 11%, tal y como lo pretenden las universidades. A menos por supuesto que estemos dispuestos a sacrificar la inversión en otros campos.
Este es un argumento objetivo que se origina en una dura realidad fiscal, y no en oscuros intereses que pretenden acabar con la educación superior pública para favorecer a las universidades privadas. Pensar que a una persona como Leonardo Garnier –quien se ha convertido en el pararrayos de los ataques a la representación gubernamental en la Comisión de Enlace-, lo anima un sentimiento antiuniversitario solo puede ser motivado por un supino desconocimiento de su trayectoria y pensamiento, o por simple y llana mala intención. La verdad es mucho más compleja que un vacío argumento ad hóminem.
La situación se torna aun más complicada cuando las universidades aducen no poder aceptar menos de lo que solicitan por tener un crecimiento automático de sus gastos de un 8% en términos reales. Y para ser absolutamente justos, mucho –no todo–, de ese crecimiento se origina en pluses salariales que han sido otorgados por estrados judiciales. Pero lo cierto es que este es el comportamiento de los gastos en las universidades públicas, y esta es una carga demasiado pesada para las universidades mismas y para el país. Algo debe hacerse.
Con un panorama como este, es natural que la negociación sea particularmente difícil. Tal vez la solución no sea discutir una fórmula de financiamiento para el quinquenio como ha sido la práctica, sino ampliar el plazo de manera que las opciones sean mayores.
Así, por ejemplo, se puede plantear un escenario de crecimiento gradual del porcentaje del PIB dedicado a la educación superior de manera que al cabo de 15 o 20 años se alcance un 2.25% del PIB. Esto permitiría varias cosas. Primero, la programación de los recursos fiscales requeridos para asegurar el cumplimiento del acuerdo, incluyendo lo que parece ya una inevitable e impostergable reforma tributaria.
Segundo, las universidades tendrían espacio para hacer una planificación de largo plazo que les permita moderar, de la manera que lo consideren pertinente, el peso de aquellos rubros de gasto que contribuyen a generar ese crecimiento automático que es a todas luces insostenible. Y tercero, y cuidado si esto no es lo más importante, alcanzar un acuerdo de este tipo, una verdadera e inédita política de Estado, bien podría constituirse en un modelo para otros ámbitos de la vida nacional, igualmente necesitados de acciones de largo plazo .
Por supuesto, para forjar algo así se requerirá un trabajo técnico arduo y riguroso, que no puede estar sujeto a la presión coyuntural del ciclo presupuestario que ya se inicia. En este sentido, las universidades y el Gobierno podrían acordar un presupuesto para el próximo año que garantice un crecimiento de 5% real –en tanto las proyecciones sitúan la tasa de crecimiento del PIB para este año alrededor del 4%–, y la gestión de un préstamo de $150 millones para compensar el porcentaje de crecimiento automático no cubierto y no paralizar del todo los planes de expansión que las universidades tiene en marcha. Esto otorgaría un plazo de un año, necesario para construir una solución de largo aliento.
Con la voluntad política y el compromiso que debería resultar de la posibilidad de llegar a un acuerdo histórico, es posible que estas extenuantes negociaciones de hoy sean, dentro de 20 años, objeto de curiosa investigación por esos jóvenes universitarios que tendrán mayores oportunidades gracias a un sistema de educación superior pública que sea ese motor del desarrollo que el país precisamente necesita.