El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, se encuentra inmerso en un áspero enfrentamiento con el Congreso Nacional en torno a varios proyectos de corte autoritario promovidos por el Ejecutivo. De concretarse, dichas leyes facultarían a Correa para controlar aspectos prioritarios de la vida nacional, como el uso del agua, la educación universitaria, las concesiones de hidrocarburos y hasta el régimen de opinión pública.
La polémica expansión de poderes pretendida por Correa suscita la oposición de una amplia gama legislativa que reúne a sectores nacionales cuyo respaldo ha sido crucial para el surgimiento y la supervivencia política del Presidente, entre ellos el movimiento indígena. Asimismo, la agudización del conflicto con el Congreso se traduce en disidencia de parlamentarios del bloque oficialista. A este respecto, cabe señalar que el partido de Correa (Alianza PAIS) solo cuenta con 54 de los 124 escaños del pleno legislativo. Carente de una mayoría para lograr la aprobación de leyes, el Presidente ha debido recurrir a alianzas con agrupaciones que ahora se oponen a su agenda.
Este trasfondo pone de manifiesto una falla crítica para la presidencia omnímoda que Correa, siguiendo el manual populista de Hugo Chávez y sus adeptos de Bolivia y Nicaragua, ambiciona instaurar en Ecuador. Dicho manual, una estrategia de la estafa política concebida por Chávez y articulada en forma prolija por los gurúes foráneos del presidente venezolano, recurre a la vestimenta democrática para socavar el mecanismo de pesos y contrapesos institucionales a fin de reemplazarlos por una autocracia cuyo paradigma es Cuba.
El proceso de conversión a la dictadura bolivariana pasa necesariamente por cambiar la Constitución al gusto del autócrata en ciernes, sobre todo para asegurar su permanencia en la Presidencia sin sujeción a plazos ni límites. Paralelamente, requiere instalar en la jerarquía judicial una mayoría holgada de jueces que obedezca sus órdenes. Se agrega a esta construcción la entidad contralora de elecciones y consultas populares, cuya jefatura debe igualmente depender del hombre fuerte.
Sin embargo, el cuadro no estaría completo sin un congreso dócil y sometido a una mayoría automática regida por el emergente dictador, con una ventaja numérica suficiente para allanar cualquier votación calificada. Este paso clave lo han concretado Chávez y de alguna manera también Evo Morales y Daniel Ortega.
Morales goza de una mayoría automática gracias al sector indígena y hasta el momento se muestra firme en su cargo. Por su parte, Ortega ha sido un craso y notorio quebrantador de la Constitución y las leyes, como ha ocurrido al arrogarse el nombramiento de magistrados y jueces por vía de decreto. Sin embargo, Ortega parece inmune a una sanción de la Corte Suprema, por razones evidentes, o del parlamento gracias a su alianza con el expresidente Arnoldo Alemán.
Por su parte, Correa, a pesar de contar con un alto porcentaje –65%– de aprobación popular, no ha podido avanzar en su actual agenda de concentración de autoridad precisamente por los obstáculos en el Congreso.
Este giro resulta preocupante para el bloque de mandatarios chavistas. El presidente venezolano incluso ha invocado los acontecimientos en Honduras que hundieron a Manuel Zelaya y, en particular, el papel central del Congreso en esa cadena de sucesos. Le horroriza que algo similar ocurra en Quito y, más aún, en Caracas.
De ahí la acusación de que sus adversarios fraguan reeditar la destitución presidencial de Honduras en caso de que triunfen en las elecciones legislativas programadas para el 26 de setiembre próximo.
Tales afirmaciones, sumadas a muchas otras sobre imaginarias invasiones y tramas para asesinarlo, sugieren a observadores calificados que Chávez, ante una oposición mejor organizada y unida, anda en busca de una excusa para cancelar los comicios y preservar de esa manera los controles que ya posee.
Sin duda, la competencia por una mayoría legislativa presenta desafíos serios a Chávez, quien, de no obtener resultados satisfactorios, podría incluso perder la facultad de recurrir a leyes habilitantes con las que ha podido gobernar mediante decretos. De cualquier forma, hay asomos de crisis en el horizonte bolivariano.