Costa Rica ejerce soberanía sobre 580.000 kilómetros cuadrados de océano. Es el equivalente a más de once veces su territorio continental. Para vigilar la inmensidad de sus mares, posee cinco patrulleras en mal estado, dos de ellas varadas. Cuenta, también, con 20 lanchas decomisadas al narcotráfico, ninguna con capacidad de desplazarse mucho más allá de 50 millas náuticas (92 kilómetros). Por lo demás, apenas vale la pena comentar las escasas capacidades de su sección aérea.
En conclusión, nuestros mares están abiertos al abuso, y los funcionarios encargados lo admiten sin complejos. Es una realidad impuesta por la falta de recursos y la bienaventurada decisión de prescindir de fuerzas militares para destinar el presupuesto a fines más edificantes.
Por infortunio, los mares que somos incapaces de proteger sirven de obligada ruta al narcotráfico. Es, de nuevo, simplemente una realidad, impuesta, esta vez, por la geografía. Los narcotraficantes, está de más decirlo, no sufren desvelo por la preservación de la soberanía costarricense.
Frente a esas realidades, el país tiene dos opciones: preservar el convenio de patrullaje conjunto con EE. UU., con una legalidad respetuosa del derecho de cada Estado, o ceder la soberanía de sus mares al narcotráfico.
Con cierto cinismo, algunos sectores pasan por alto las consecuencias de dar la espalda a la primera opción. La segunda quizá no se les antoje tan preocupante. El escenario de operaciones del patrullaje conjunto está, por lo general, lejos de nuestras costas y no parece plantear amenazas al territorio continental, esos 51.100 kilómetros cuadrados de tierra firme donde habitamos.
El peligro, sin embargo, es inminente. La apertura de los mares es la apertura de las costas y el narcotráfico tiene la necesidad de tocar tierra. Esa necesidad le impone la obligación de desarrollar estructuras, reclutar colaboradores y comprar influencias, para no mencionar el abastecimiento residual del mercado local.
Si por cualquier motivo los carteles decidieran desperdiciar las oportunidades creadas por nuestra indefensión, el mero tránsito frente a las costas plantea riesgos. Valga recordar la experiencia de Cuajiniquil cuando un cargamento de drogas sin dueño flotó hasta sus playas como corruptor obsequio de Neptuno.
Hay, por último, poderosas razones legales contra la indiferencia. Costa Rica tiene obligaciones internacionales, de tratados de cooperación en la lucha contra las drogas, como la Convención de las N. U. contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988.